A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió este lunes 21 de julio la evolución de los principales indicadores de salud durante su gobierno y cuestionó la situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en medio de las crecientes críticas y controversias alrededor de su propuesta de reforma al sistema de salud.
El mandatario presentó una gráfica divulgada inicialmente por opositores, que, según explicó, evidencia mejoras en tasas clave de morbilidad y mortalidad en el país.
La publicación se produjo en respuesta a recientes señalamientos que describen una supuesta crisis generalizada en el sector salud, incluso desde algunos sectores de la Corte Constitucional.
Petro sostuvo que, a su juicio, el sistema de salud colombiano no enfrenta un colapso general, sino problemas puntuales asociados a la crisis financiera de varias EPS.
El mandatario señaló que los datos de la gráfica —compartida originalmente por el académico Jonathan García, uno de los críticos de la reforma— demuestran una caída de indicadores negativos durante su administración, la cual considera inédita en comparación con periodos anteriores.
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“Este cuadro traído aquí, por un contradictor a nuestra reforma la salud, me parece importante. En primer lugar los datos niegan el ataque que se nos hace, incluso desde un magistrado de la corte constitucional; es falso cuando hablan de un caos de la salud.Hay un caos de las EPS, no un caos a la salud”, escribió el presidente de la República.
El presidente reconoció que el modelo establecido por la Ley 100 de 1993 —marco normativo que estructuró el sistema de aseguramiento en salud bajo esquemas de intermediación financiera— facilitó durante años la transmisión de innovaciones médicas y avances científicos a la población colombiana.
Sin embargo, subrayó que, en su criterio, ese modelo habría mostrado signos de estancamiento desde hace aproximadamente una década, cuando los principales indicadores dejaron de mejorar al ritmo observado previamente.
En su mensaje, Petro atribuyó ese estancamiento a la expansión de la intermediación financiera dentro del sistema, un fenómeno que, según argumenta, terminó por debilitar financieramente a la mayoría de las EPS y desviar recursos públicos destinados a la atención médica.
En ese sentido, defendió las medidas adoptadas por su gobierno para revertir esa tendencia, entre ellas la estrategia de giro directo de recursos a prestadores de servicios de salud, el aumento de la inversión en la red hospitalaria pública —que, de acuerdo con su mensaje, supera la suma de los últimos tres gobiernos— y la implementación de un sistema productivo que actualmente cobija a alrededor de cinco millones de familias de bajos recursos.
“Endilgo el estancamiento de los beneficios sociales de la ley 100, hace una década, a la intermediación financiera que fue creciendo, y llegó a tal punto, que se llevó los recursos y quebró a la inmensa mayoría de las EPS”, escribió.
El debate sobre la reforma a la salud se mantiene como uno de los principales frentes de discusión entre el Ejecutivo, la oposición y diversos actores del sector.
Desde sindicatos médicos hasta gremios empresariales, pasando por magistrados y congresistas, han expresado reparos frente a la viabilidad de desmontar el modelo de aseguramiento actual y reemplazarlo por un esquema de mayor control estatal.
El gobierno, por su parte, sostiene que la transformación es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la calidad de los servicios, especialmente en zonas apartadas.
La controversia se intensificó en semanas recientes tras denuncias de presunta omisión institucional en casos de mortalidad infantil en algunas regiones.
El jefe de Estado refutó esas acusaciones, reiterando que las cifras oficiales contradicen la narrativa de un deterioro generalizado y que, por el contrario, los registros más recientes mostrarían una tendencia positiva en indicadores de vida y salud en el país.
Mientras tanto, la discusión legislativa de la reforma se encuentra en compás de espera, luego de que varias bancadas y comisiones solicitaran nuevas revisiones técnicas y legales del articulado.
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