Apenas salido del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, tras la instalación oficial del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio declaraciones contundentes sobre un nuevo proyecto de ley que generó debate en la opinión pública.
Con un tono firme y directo, el funcionario defendió la iniciativa legal que busca abrir nuevas oportunidades para jóvenes que participaron en la protesta social, señalando que ha sido malinterpretada por ciertos sectores como un intento de favorecer la impunidad.
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“Se equivoca quien diga que este es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Este proyecto tiene un mínimo de retribución, es decir, contempla mínimos de pena privativa de la libertad”, aseguró.
El proyecto, que fue descrito como una tercera vía entre la justicia y paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), propone una fórmula mixta de justicia transicional que, sin crear una nueva jurisdicción, se apoyará en los mecanismos existentes de la Fiscalía General de la Nación y en los jueces actuales del país.
El ministro enfatizó que la iniciativa no sólo busca cerrar ciclos de violencia, sino ofrecer un marco jurídico que permita ganar seguridad en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado. “Es una nueva oportunidad para todos los actores del conflicto y los grupos armados al margen de la ley, incluyendo a quienes fueron excluidos de procesos como la JEP o Justicia y Paz”, afirmó.
También destacó que este proyecto está orientado a desmantelar organizaciones criminales, combatir con vehemencia el narcotráfico y garantizar a las víctimas un papel central en el proceso de justicia. Se trataría, según sus palabras, de un instrumento de reconciliación que promueve la verdad, la justicia y la reparación sin renunciar a las sanciones penales mínimas.
Las criticas de Efraín Cepeda
Durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República, la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro volvió a estar en el centro del debate nacional. En particular, el discurso del presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda, marcó un tono de advertencia ante el proyecto de ley que será radicado por el Ministerio de Justicia y que busca establecer un marco legal para el sometimiento de grupos armados al margen de la ley.
El proyecto forma parte de la estrategia integral del Gobierno para alcanzar la paz, incluyendo no solo a guerrillas y disidencias, sino también grupos criminales y estructuras del narcotráfico. Sin embargo, este enfoque fue objeto de críticas por parte de diferentes sectores políticos y jurídicos, que alertan sobre posibles consecuencias negativas si no se garantiza un equilibrio entre justicia y reconciliación.
Uno de los puntos que más controversia generó es la posibilidad de que, a cambio del sometimiento voluntario, se otorguen beneficios penales como penas reducidas (de entre cinco y ocho años), retención parcial de bienes y garantías de no extradición. Esto fue interpretado por algunos como una señal de indulgencia con criminales reincidentes, lo que podría debilitar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Durante su intervención en el Capitolio, el senador Cepeda respaldó abiertamente las críticas expresadas por la Corte Suprema de Justicia, afirmando que, “confundir paz con impunidad no solo es un error, es una amenaza directa al Estado de Derecho”. A esto sumó una reflexión más amplia sobre los efectos sociales de medidas mal calibradas: “La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia con quienes han sembrado el miedo”.
También cuestionó la legitimidad de cualquier acuerdo de paz que no contemple la participación activa de las víctimas, afirmando que, “sin verdad, sin garantías efectivas de no repetición y sin escuchar a las víctimas, no puede haber paz posible, sino solo impunidad disfrazada de acuerdo”.
El senador conservador no se limitó a criticar los contenidos del proyecto, también lanzó un llamado a la independencia del Congreso frente al Ejecutivo: “Colombia necesita un Congreso que sepa decir sí cuando hay razones, y no cuando hay principios. Un Congreso que no le tema al debate, que no renuncie a la deliberación, que no se refugie en el cálculo, ni se arrodille ante la presión”.
Y remató con una reflexión institucional sobre el rol de los legisladores al decir “tuvimos que defender la autonomía del Congreso frente a una cultura política que, a veces, confunde el disenso con la traición, el control con la obstrucción, y la crítica con el odio”.
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