Gobierno Petro cometió un error al prohibir exportaciones de carbón a Israel y las empresas mineras aprovecharon

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, manifestó una fuerte preocupación respecto a la nueva política del Gobierno de Gustavo Petro que restringe las exportaciones de carbón a Israel.

Para el dirigente, existe una contradicción central. Esto, debido a que es muy paradójico que el presidente inste a que los directivos o funcionarios de las compañías mineras tengan que ser judicializados por seguir exportando carbón a Israel y eso es porque en el mismo Decreto 1047 de 2024. con el que se cancelan las ventas externas del producto a ese país, se crea un mecanismo tripartito, integrado por el Ministerio de Comercio, la Dian y la Agencia Nacional de Minería, al que se le presentan las exportaciones derivadas de los contratos de largo plazo firmados previamente a la expedición de esta norma.

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Y es que el Decreto 1047 de 2024 prohíbe las exportaciones directas, salvo contratos vigentes antes de su emisión. Las operaciones amparadas por estos contratos deben ser autorizadas por un comité del Gobierno, por lo que la exportación, aunque reducida, continúa con aval estatal.

La medida, según el dirigente, ya tuvo impactos evidentes. “El efecto es muy profundo. El decreto prohíbe las exportaciones a Israel con esa excepción y en virtud de esa prohibición esas ventas externas se han reducido en un 57%”, dijo a Portafolio. Antes del decreto, Colombia exportaba unas 250.000 toneladas mensuales, mientras que después la cifra ronda las 107.000. Esta caída repercute de manera directa en el ingreso fiscal, pues “por cada millón de toneladas de carbón que Colombia deja de exportar, el Estado pierde aproximadamente 200.000 millones de pesos en impuestos y regalías”.

Mientras tanto, Israel terminó reemplazando el suministro colombiano con carbón de Indonesia, Australia y otros mercados, con lo que dejó a Colombia sin los beneficios de un socio comercial estable.

Nariño criticó la legalidad de la medida. Aseguró que “desconoce un acuerdo que hoy está elevado a rango constitucional, que es el acuerdo comercial firmado entre Colombia e Israel avalado por el Congreso de la República y que tiene un concepto favorable de la Corte Constitucional”. Remarcó que el Ejecutivo no siguió procedimientos estipulados y que esta restricción solo recae sobre la minería, algo que considera injusto.

Advirtió además que una prohibición total tendría “graves” consecuencias en un escenario de precios internacionales bajos y volatilidad del mercado. Recordó al medio que al inicio de 2024, las principales productoras anunciaron recortes productivos de hasta un 50%. En este contexto, mantener a Israel como mercado ayudaba a amortiguar la caída de ingresos y, por tanto, el flujo de regalías y rentas.

El presidente de la ACM alertó que extender la prohibición de exportación a países aliados de Israel pondría en riesgo en la industria minera y también la segunda fuente de exportación nacional. “Tan solo durante el 2022 y el 2023, la industria minera le aportó al país $34 billones. Eso son tres reformas tributarias. El 85,88% de ese total proviene del carbón. Entonces, aquí lo que estaría comprometiéndose es la estabilidad fiscal del país y de muchos municipios y departamentos”, precisó.

Sobre contratos de largo plazo, el dirigente anticipó consecuencias legales si el Estado colombiano no cumple: “Uno no puede, por una decisión estatal, arbitraria y unilateral, no cumplir un acuerdo y un contrato de largo plazo de suministro con un tercero. Tiene que ser alguien el responsable”.

También aclaró que el carbón colombiano va a plantas de generación eléctrica, usadas para alimentar hospitales, escuelas e infraestructura crítica tanto en Israel como en Gaza: “El carbón se usa no para hacer armas, como dice el presidente Petro, sino para iluminar hospitales, centros de salud, escuelas, hogares e infraestructura crítica, tanto en Israel como en Gaza”.

El decreto está en proceso de demanda en el Consejo de Estado, pero la prohibición rige mientras el proceso judicial sigue su curso. Nariño sostuvo que la presión sobre la minería aumentó, describiendo el paquete regulatorio como “el más ambicioso en la historia reciente del país con la minería. Uno amplio y ambicioso que no solo genera incertidumbre, sino que también aleja la inversión y la certeza de poder hacer minería hacia adelante”.

Concluyó al resaltar el potencial del sector: el 97% del territorio colombiano no ha sido explorado, lo que limita el aprovechamiento de la riqueza mineral nacional. “Un país debe saber qué tiene, qué no tiene y qué suministros estratégicos debe conseguir. En especial, hoy en día, con una discusión mundial de la geopolítica de los minerales”, agregó. E nsistió en que, para aprovechar esta coyuntura, el país debe avanzar en una minería adecuada, sostenible y ética, y espera que el nuevo gobierno asuma este reto.

Todas estas posturas revelan, según Nariño, los riesgos económicos y legales de la política gubernamental y la importancia de preservar la estabilidad de la industria minera colombiana.