Ángela María Buitrago, exministra de Justicia de Petro, cuestionó a su exjefe por ley de sometimiento que beneficiaría a cabecillas criminales: “No tiene que ver con la paz total”

Al inicio del periodo legislativo 2025 - 2026 en el Congreso, el Ministerio de Justicia presentó el proyecto de ley que pretende el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales en el país, un mecanismo jurídico que garantizaría la legalidad de los diálogos con los grupos al margen de la ley.

Sin embargo, la propuesta radicada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, generó todo tipo de reacciones en el sector político y judicial del territorio colombiano.

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Una de las que reaccionó fue Ángela María Buitrago, anterior jefa de la cartera de Justicia en la administración de Gustavo Petro, quien sostuvo que el proyecto en cuestión tendría varios puntos que no tienen relación con la ley 2272 de 2022, que se refiere a la política de Paz Total.

“El proyecto tiene una mezcla de justicia y de no justicia. Se está trabajando una amnistía impropia dentro de las normas”, aseveró la exministra en diálogo con La FM de RCN Radio.

Igualmente, la exfuncionaria señaló que uno de los puntos más críticos de la iniciativa es la propuesta de disminuir las penas de otros detenidos, una medida que, en su criterio, “no tiene que ver con paz total”.

“Este proyecto, que ya conocí en el primer borrador, significa decir que de una manera u otra le está apuntando a cosas que no tienen que ver con paz total. Primera línea no tiene que ver con paz total. El tema de la disminución eventual de otros detenidos no tiene que ver con paz total y mucho menos de los condenados”, sostuvo la exalta funcionaria al citado medio de comunicación.

A su vez, Buitrago indicó que la iniciativa, al otorgar beneficios a personas condenadas sin una justificación constitucional válida, “significa decir que se está favoreciendo un grupo especial”.

Del mismo modo, recordó que la Corte Constitucional ha sido clara al establecer que cualquier legislación en este ámbito debe orientarse a “garantizar justicia y sometimiento a las instituciones”, y advirtió que el borrador conocido introduce elementos que se alejan de este mandato.

Esta preocupación se acentúa al considerar que el proyecto contempla la posibilidad de extender beneficios a condenados en primera y segunda instancia, lo que, según Buitrago, “viola el marco del Código Penal y los parámetros de proporcionalidad”.

Otro aspecto que generó inquietud en la exministra es la inclusión de casos relacionados con las protestas sociales, ya que la existencia de una normatividad que mezcle la protesta pacífica con delitos graves fue calificado por la exministra como “perversa”.

Así mismo, citó como ejemplo situaciones en las que se han impuesto condenas por “delitos de tortura y tentativa de homicidio”, conductas que, a su juicio, no pueden considerarse parte de una manifestación social legítima.

Al comparar el proyecto actual con la iniciativa que ella misma presentó, Buitrago subrayó diferencias sustanciales. Su propuesta, radicada inicialmente en noviembre y presentada de nuevo en marzo antes de ser archivada por el Congreso, exigía que quienes desearan someterse a la justicia debían “garantizar en la mesa el no ataque a la población civil”. Esta condición, ausente en el texto actual, buscaba asegurar que el proceso de sometimiento no se convirtiera en un mecanismo de impunidad.

“Se necesita una ley de sometimiento y desmantelamiento, no una ley que trate de borrar hechos delictivos, ni que tampoco desconozca las actividades delictivas que se han venido realizando por grupos de alto impacto”, explicó.

Por último, la exministra de Justicia aseveró que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar los derechos de toda la ciudadanía, y consideró que no puede permitirse la adopción de medidas que eliminen sanciones impuestas por los jueces.

Durante la radicación del proyecto en la Cámara de Representantes, el ministro Eduardo Montealegre afirmó que el objetivo de la iniciativa “no es premiar a los criminales, sino darle al Estado herramientas para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”.

El texto, compuesto por 54 artículos, establece rebajas de pena de entre el 40 por ciento y el 60 por ciento para quienes aporten verdad y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales.

Además, menciona que los criminales que se acojan al sometimiento podrán conservar hasta el 12 por ciento de los bienes obtenidos ilícitamente.

El proyecto ya fue presentado al Consejo Superior de Política Criminal y recibió el visto bueno de entidades como el Inpec, la Policía, el Ministerio de Defensa y el Icbf, pero será en el Congreso donde se concentrará la discusión de esta iniciativa.