
Este 20 de julio se da inicio la cuarta y última legislatura del Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro.
Para la administración, este periodo representa la última oportunidad para intentar materializar las reformas pendientes, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2026, y con un Congreso cuya dinámica estará atravesada por la campaña electoral en curso.
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Las prioridades del Ejecutivo están concentradas en tres frentes: la reforma a la salud, la ley de sometimiento para la paz total y la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026.

Desde el comienzo de su mandato, el gobierno presentó una hoja de ruta legislativa que desde entonces ha enfrentado obstáculos en el Congreso, donde las mayorías han estado fragmentadas y los consensos han resultado esquivos.
El trámite de la reforma a la salud ocupa el primer lugar en la agenda oficialista. Este proyecto está pendiente de dos debates en la Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno enfrenta dificultades para consolidar una mayoría.
El texto de la reforma ya fue archivado en un primer intento y, de no recibir aprobación durante el periodo actual, desaparecería del debate legislativo. El Ejecutivo intensificó la búsqueda de respaldos ante un escenario en el que la representación ministerial y los acuerdos con partidos aliados han sido decisivos, especialmente en la Cámara de Representantes, donde el oficialismo ha conservado una mayoría constante y ha evitado presidencias adversas.
Otra de las apuestas clave es la ley de sometimiento para la llamada paz total. El Ministro de Justicia anunció la radicación de este proyecto, cuyo objetivo es establecer mecanismos legales para la desmovilización y sometimiento a la justicia de estructuras armadas como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

El texto prevé, entre sus disposiciones, la legalización de una fracción de los bienes de los líderes de esos grupos y penas privativas de la libertad. El debate legislativo se realizará en la Comisión Primera del Senado, en un ambiente polarizado por el alcance de estas medidas y la capacidad del Gobierno para sumar apoyos fuera de su base política.
El Gobierno también está enfocado en el trámite y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026.
La iniciativa prevé un monto cercano a los 534 billones de pesos, cifra considerada la más alta de los últimos años. El Ministro de Hacienda ha insistido en la importancia de aumentar la inversión social, una postura que ha generado resistencia en sectores de la oposición.

El presupuesto, junto con una nueva ley de financiamiento y propuestas como la reducción de tarifas de energía, definirá el margen fiscal y político del Ejecutivo al final de su mandato.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha estado marcada por episodios de confrontación. En el Senado, la falta de una mayoría sólida llevó al hundimiento tanto de la consulta popular impulsada por el gobierno como de anteriores versiones de sus reformas estrella.
En contraste, la Cámara de Representantes ha resultado más favorable al Ejecutivo, producto de acuerdos con partidos como Liberal, La U, Conservador y el Pacto Histórico.
Además, el periodo estará acompañado de otros proyectos. La ley ordinaria de jurisdicción agraria requiere discusión en plenaria, la nueva ley de competencias busca descentralizar funciones hacia departamentos y municipios, y está pendiente la elección de un reemplazo en la Corte Constitucional.

El futuro inmediato de la reforma pensional, actualmente en revisión por vicios de trámite, también depende de la decisión de la Corte y del eventual alineamiento de magistrados con el gobierno.
En resumen, la última legislatura de Petro presenta un escenario donde el capital político del gobierno se encuentra inmerso en las tensiones de la campaña y una agenda cargada de iniciativas.
El desenlace dependerá en buena medida de la capacidad del Ejecutivo para construir alianzas y sobreponerse a la dispersión de mayorías en medio de un Congreso que llega a este periodo con la mira puesta en las urnas.
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