Embargados bienes de exfuncionarios y contratistas por presuntas anomalías en la construcción de vía en Pereira

En un proceso que investiga supuestas irregularidades en la contratación de la Avenida Los Colibríes, en Pereira (Risaralda), la Fiscalía General de la Nación obtuvo del Juzgado de Control de Garantías la orden de embargo sobre una serie de bienes pertenecientes a exfuncionarios de la administración municipal de Pereira, representantes de la firma constructora y encargados de la interventoría.

La medida cautelar afecta a 10 propiedades, entre parqueaderos, apartamentos y un terreno rural, así como a 15 vehículos, incluidos automotores con blindaje de nivel tres.

Según informó la Fiscalía, los bienes embargados están localizados en Bogotá, Armenia, Leticia, Pereira y Anapoima (Cundinamarca), y su valor comercial asciende a cerca de 3.955 millones de pesos.

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Con esta decisión, la autoridad busca garantizar la posibilidad de una eventual reparación económica a favor de la Alcaldía de Pereira, entidad que habría resultado perjudicada por un presunto desvío de recursos públicos calculado en 10.814 millones de pesos.

Los bienes intervenidos figuran a nombre del exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López; el exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado García; el representante legal de la empresa contratista, Carlos Guillermo Suárez Escobar; y los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, el caso se centra en el contrato para la construcción de una doble calzada de 3,4 kilómetros de longitud, obra que se inició en marzo de 2021 y finalizó en diciembre de 2023.

El proyecto tuvo un presupuesto inicial de 32.037 millones de pesos, al que posteriormente se le adicionaron 20.300 millones. Las autoridades señalan que durante la ejecución se habría producido un detrimento patrimonial que supera los 10.800 millones de pesos.

Como parte del proceso penal, los implicados enfrentan cargos por diversos delitos, entre ellos falsedad ideológica en documento público, destrucción y ocultamiento de documentos oficiales, peculado por apropiación, contratación sin los requisitos legales, obtención de documentos falsos, abuso de autoridad, fraude procesal y prevaricato.

Para asegurar la efectividad de la medida, la orden de embargo fue remitida a las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos y secretarías de tránsito, con el fin de evitar cualquier intento de venta o transferencia de dominio.

Está previsto que entre el 23 y el 25 de julio próximos se adelanten audiencias preparatorias, etapa en la que se definirá el curso del juicio contra los procesados, quienes permanecen vinculados formalmente a la investigación.

El martes 4 de marzo de 2025, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira confirmó la legalidad de la medida de detención intramural impuesta contra el exmandatario y otros exfuncionarios investigados por presunta corrupción relacionada con la construcción de la avenida Los Colibríes.

La decisión se da luego de que la defensa del exalcalde apelara la orden de encarcelamiento. Sin embargo, la autoridad judicial desestimó los argumentos de los abogados, por lo que Maya deberá permanecer privado de la libertad en un centro penitenciario mientras se adelantan las diligencias correspondientes.

Carlos Maya, quien gobernó la capital de Risaralda durante el periodo 2020-2023, fue capturado el 21 de junio de 2024 dentro de las instalaciones de una reconocida universidad ubicada en el centro de Bogotá. Paralelamente, en la ciudad de Pereira, se hizo efectiva la detención de Milton Hurtado, que se desempeñó como secretario de Infraestructura durante la misma administración.

Las investigaciones se centran en supuestas anomalías detectadas en el contrato para la construcción de la avenida Los Colibríes, una obra que, además de haber quedado inconclusa, presenta sobrecostos superiores a los 20.000 millones de pesos. Los señalamientos apuntan a posibles delitos como peculado por apropiación, celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

El proyecto vial, concebido para mejorar la movilidad de miles de habitantes en la capital risaraldense, se encuentra actualmente detenido y con avances limitados, lo que ha generado inconformidad y preocupación entre la ciudadanía. Diversos sectores han puesto sobre la mesa interrogantes sobre la administración de los recursos públicos que fueron asignados a esta obra.