El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a un comunicado reciente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) que contradice sus afirmaciones sobre el estado financiero del sistema de salud.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro escribió: “No señores, de Acemi, el informe de la Contraloría es serio. Presenta las deudas no pagadas de todas las EPS desde el 2020 a pesos corrientes y aún en espera de terminar el informe definitivo sobre Nueva EPS”.
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Y agregó: “Solo hay que traerlo a pesos constantes de hoy. Y ustedes, señores Acemi, deben presentar con fines del debate en el Congreso la deuda no pagada de las 157 EPS, desde el inicio de la ley, y traída a pesos constantes del día de hoy, que implica el deflactor de la tasa de interés nominal. No mientan más”.
Este pronunciamiento surge en medio de un debate cada vez más técnico sobre los montos y metodologías empleadas para calcular las deudas del sistema. Petro ha sostenido que el pasivo total del sector salud asciende a más de $100 billones si se actualiza la cifra con criterios económicos ajustados por inflación.
Acemi, por su parte, desmintió este cálculo y aseguró que tal cifra “carece de sustento técnico” y no se encuentra en ningún informe oficial de la Superintendencia Nacional de Salud ni de la Contraloría. Según el gremio, la deuda real reconocida por las EPS al corte de 2024 asciende a $13,9 billones, a lo que se sumarían $9.8 billones en provisiones no reconocidas y $9,2 billones atribuibles a la Nueva EPS, cuya validez contable es cuestionada por la entidad.
En el más reciente informe de 40 páginas titulado “Información financiera del sistema de salud, desempeño de las EPS bajo medida de intervención y consideraciones sobre el gasto en salud en el país”, Acemi señaló que las cifras del presidente se basan en fuentes no oficiales o en estimaciones erróneas, con graves errores metodológicos como confundir flujos y stocks financieros.
“Es imposible admitir una deuda sin siquiera haber recibido la factura”, argumentó Acemi en relación con algunos montos citados por el Gobierno. Además, sostuvo que las EPS reportan su información bajo normas NIIF, que ya contemplan ajustes a precios de mercado y por tanto no requieren indexaciones adicionales por inflación.
El gremio también refuta la idea de que las EPS intervenidas han mejorado. Contrario a lo expuesto por Petro, asegura que estas entidades presentan un deterioro patrimonial de $4,4 billones desde que fueron asumidas por el Estado y que sus pasivos han aumentado en $5 billones. En palabras de la Contraloría, “las condiciones de ellas no han mejorado luego de su intervención”, lo cual agrava la situación financiera del sistema.
El documento concluye con un llamado a la transparencia institucional: “La salud no se defiende con discursos incendiarios, sino con verdad y responsabilidad institucional (…) el sistema requiere para su debate uso leal y fiel de sus datos. Lo contrario solo profundiza la incertidumbre”.
En otro mensaje publicado en la red social X, el presidente se refirió a la crisis por escasez de insulina en Colombia, un tema que fue abordado por la Procuraduría en una mesa técnica interinstitucional. “El gobierno ha pagado toda la insulina que se necesita en el país. Los que acaparan son vampiros de la salud. He dado orden expresa a la policía de buscar los medicamentos acaparados, de acuerdo a la ley”, escribió el presidente.
La crisis afecta principalmente a pacientes insulinodependientes, quienes enfrentan dificultades para conseguir insulina análoga, un medicamento vital para su tratamiento. Según lo expuesto en la reunión liderada por la Procuraduría, las principales barreras para el acceso al fármaco incluyen:
- Escasa disponibilidad de insulinas análogas.
- Comercialización restringida de insulinas humanas.
- Deudas y flujos financieros truncados entre EPS, farmacéuticas y laboratorios.
Al encuentro asistieron funcionarios del Ministerio de Salud, el Invima, la Superintendencia de Salud y representantes de asociaciones de pacientes, quienes coincidieron en que el problema es estructural y está ligado al modelo de financiamiento del sistema.
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