“Le entregarían 350 millones de pesos para el restablecimiento del valor del peculado imputado por la Fiscalía. También se prometió que si el dinero del contrato de fondo de inversiones colectivas era pagado, entregarían 10 mil millones de pesos a Olmedo de Jesús López para que faltara a la verdad y se retractara de lo que había dicho a la Fiscalía”, leyó la jueza durante la audiencia, que se celebró el viernes 18 de julio de 2025.
Esta revelación, expuesta en el centro del proceso penal, deja en evidencia la magnitud de los sobornos ofrecidos y la compleja red de intereses que rodea el caso de Édgar Eduardo Riveros Rey, el abogado actualmente procesado por intentar desviar una investigación sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Durante la audiencia también se confirmó la suspensión de la resolución judicial sobre la situación jurídica de Riveros Rey, que enfrenta cargos por haber ofrecido $13.000 millones en sobornos para manipular el curso de la investigación penal. La sesión quedó interrumpida tras una serie de reclamos y apelaciones que impidieron que se aprobara el preacuerdo presentado por la defensa del acusado.
El desarrollo de la diligencia judicial se vio alterado cuando los representantes legales de varios actores clave, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; el abogado Luis Gustavo Moreno y delegados de comunidades indígenas de La Guajira manifestaron su inconformidad con la decisión de la jueza de reconocer únicamente a la Ungrd como víctima en el proceso.
Esta determinación provocó una reacción inmediata de los demás interesados, que anunciaron la interposición de recursos de apelación. Como resultado, la segunda parte de la audiencia se destinó exclusivamente a la presentación de estas apelaciones, que ahora deberán ser resueltas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Por este motivo, la validación del preacuerdo firmado por Riveros Rey quedó aplazada.
En el preacuerdo, el abogado, privado de libertad en la cárcel La Modelo desde septiembre de 2024, admitió su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Según el documento, Riveros Rey buscó a Luis Gustavo Moreno para ofrecerle el millonario soborno con el objetivo de que convenciera a su cliente, Sneyder Pinilla, de omitir la mención de un grupo de personas en sus declaraciones. Entre los nombres que se pretendía proteger figuraban el exsubdirector de la entidad, Luis Carlos Barreto Gantiva; el exasesor de la Ungrd, Pedro Rodríguez; y el exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha.
La jueza detalló que, además del pago inicial de $350 millones a Sneyder Pinilla, se prometió una suma adicional de $10.000 millones a Olmedo de Jesús López si se cumplía con el pago del contrato de fondo de inversiones colectiva. El propósito era que López se retractara de sus declaraciones ante la Fiscalía y faltara a la verdad, lo que evidencia la estrategia de manipulación judicial que se intentó desplegar.
El caso de Riveros Rey no se limita a este episodio. El abogado enfrenta otro proceso penal relacionado con el desvío de contratos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su presunta participación en el movimiento de millonarios sobornos en enero de 2024, cuyo destinatario final habría sido el entonces director del Departamento de Función Pública, César Manrique Soacha. En la exposición de la Fiscalía, se identificó a Manrique Soacha como la cabeza de la “organización criminal”, señalando que fue el principal beneficiario de los sobornos.
Por estos hechos, Riveros Rey fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. La audiencia judicial, que determinará el futuro procesal del abogado, se reanudará el miércoles 23 de julio a las 8:30 a. m.
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