Ministro de Justicia negó injerencia del presidente Petro en caso Epa Colombia: “Son penas absolutamente desproporcionadas”

“En el caso de ‘Epa Colombia’, ella tiene problemas muy serios de seguridad (…) La ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes cuando hay problemas de seguridad”.

Con esta afirmación, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre dejó claro que el marco legal colombiano contempla alternativas para quienes, como la influencer Daneidy Barrera, enfrentan riesgos dentro del sistema penitenciario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La declaración, realizada durante una entrevista en El Reporte Coronell de La W Radio, surgió tras la revelación de una petición directa del presidente Gustavo Petro para revisar la situación de Epa Colombia.

El propio Montealegre confirmó que, en un consejo de ministros, el mandatario le solicitó: “ayúdeme a sacar a Epa, que no duerma en una celda, ¿cómo así que no se puede?”.

La noticia principal gira en torno a la defensa pública que hizo el ministro Montealegre del nuevo anteproyecto de ley para la Paz Total, una iniciativa que busca introducir un tratamiento penal diferenciado para ciertos actores del conflicto y que ha generado debate en el país.

Según lo expuesto en El Reporte Coronell, el funcionario argumentó que la propuesta se ajusta plenamente a la legalidad y que no representa una fragmentación del sistema penal, como han señalado algunos críticos.

Durante la conversación, Montealegre abordó varios temas sensibles. Uno de los puntos centrales fue la situación de los miembros de la Primera Línea, así como el proceso de sometimiento de estructuras criminales y el futuro de la justicia transicional en Colombia.

El ministro insistió en que el proyecto de ley responde a la necesidad de adaptar el sistema judicial a las realidades del conflicto y a los compromisos asumidos por el Gobierno de Gustavo Petro en materia de paz.

En relación con el caso de Epa Colombia, Montealegre negó que la solicitud presidencial implique una extralimitación de funciones o una injerencia indebida en las decisiones judiciales.

“Nunca vamos a pasar por encima de las decisiones de los jueces de Colombia. Yo no comparto las calificaciones que se hicieron en ese caso, y me parece que son penas absolutamente desproporcionadas”, afirmó el ministro, subrayando su desacuerdo con la severidad de la condena impuesta a la influencer.

El ministro explicó que cualquier actuación de su despacho se limitará estrictamente a lo que permite la legislación vigente. Reiteró que la ley contempla la posibilidad de modificar las condiciones de reclusión cuando existen amenazas a la integridad de la persona privada de la libertad.

Esta postura, según Montealegre, no solo se ajusta al marco normativo, sino que responde a criterios de humanidad y proporcionalidad en la aplicación de la justicia.

“Vamos a plantear una política de tercera vía que gire entre retribución y restauración”, anunció Eduardo Montealegre al final de una entrevista en la que defendió la necesidad de transformar la justicia penal en Colombia.

El exfiscal general detalló que, tras el proyecto de paz total, impulsará una reforma inspirada en modelos europeos, como el arresto de fin de semana o el trabajo diurno con retorno nocturno a prisión.

Esta visión, que prioriza la dignidad humana y las penas restaurativas, marca un giro respecto al enfoque tradicional centrado en el castigo y la reclusión.

El anteproyecto de paz total, según Montealegre, introduce un cambio profundo en la relación entre el Estado y las estructuras criminales. En palabras del exfiscal, “el que tenemos en este momento está muy cifrado en la imputación a organizaciones y el desmantelamiento de organizaciones”.

El enfoque abandona la persecución exclusiva de individuos para adoptar la doble imputación, una figura del derecho penal internacional que permite procesar tanto a los miembros como a la estructura criminal en su conjunto.

Esta estrategia busca desarticular organizaciones y no solo castigar a sus integrantes, lo que representa una ruptura con la tradición penal colombiana.

Durante la entrevista, Montealegre abordó las críticas sobre una posible fragmentación del sistema penal. Aseguró que “los tratos diferenciados serán muy pocos” y negó que el proyecto pretenda crear una jurisdicción paralela.

Montealegre fue categórico al rechazar la concesión de estatus político a delincuentes comunes: “Los únicos que cometen delitos políticos son la insurgencia (…) El Clan del Golfo no comete delitos políticos, no tiene estatus político. A ellos no se les va a dar estatus político”.

Sin embargo, reconoció que las disidencias de las Farc mantienen un estatus político, pese a las críticas que las vinculan más con el narcotráfico que con una agenda de transformación social.

La viabilidad política del proyecto fue otro de los puntos discutidos. Ante la pregunta sobre si la paz total tiene futuro en un contexto de Gobierno saliente y Congreso fragmentado, Montealegre defendió los avances logrados.

“Yo creo que no ha fracasado. Vale la pena una apuesta por la Paz Total, a pesar de que entramos en el último año de gobierno”, sostuvo el ministro de Justicia.