Lina María Garrido envió a la Corte evidencias violación del debido proceso en trámite de la Reforma Pensional

El futuro de la Reforma Pensional depende de la Corte Constitucional, que está estudiando su legalidad y si, en efecto, la Cámara de Representantes subsanó vicios de trámite que identificó el alto tribunal, y por los cuales devolvió el texto del proyecto. Sin embargo, hay quienes asegurando que la corporación cometió más errores al momento de intentar corregir los que halló la Corte.

La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido Martín, es una de la congresista que sostiene que el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, violó el debido proceso legislativo al intentar cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. En consecuencia, su última acción antes de salir de la Segunda Vicepresidencia fue enviar al alto tribunal un documento con todas las evidencias que soportan su denuncia.

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De acuerdo con el texto allegado a la Corte, en el desarrollo de las sesiones extraordinarias de plenaria de la Cámara efectuadas el 27 y 28 de junio de 2025, hubo irregularidades que derivaron en la vulneración de lo estipulado en los artículos 2, 3, 127, 138 y 157 de la Constitución Política. Según Garrido, también habría vulnerado el literal f del artículo 206 de la Ley 5 de 1992, que establece el Reglamento Interno del Congreso de la República.

Según la legisladora, las sesiones extraordinarias fueron convocadas luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera Decreto 0747 de 2025, mediante el cual decretó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Esto, con el fin de que continuara el trámite de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común y se dictan otras disposiciones.

De acuerdo con Garrido, el decreto en cuestión está demandado por el Consejo de Estado a través del medio de control de nulidad simple. Afirmó que con la expedición del documento se incurrió en una “falsa motivación”, y, por tanto, fue ilegal, puesto que para entonces no se contaba con una providencia judicial en firme por parte de la Corte Constitucional.

Además, tampoco se notificó debidamente a la Cámara para que llevara a cabo los nuevos debates sobre la Reforma Pensional, por lo cual, el Ejecutivo no estaba habilitado para decretar la convocatoria de las sesiones extraordinarias.

Y, aunque no se habían cumplido esos requisitos, la corporación sesionó, discutió la iniciativa, optó por acoger nuevamente el texto que tuvo luz verde en el Senado, subsanó los vicios de trámite y aprobó una vez más la reforma. En ese sentido, según la segunda vicepresidenta, el cuerpo colegiado violó el debido proceso legislativo.

Las irregularidades identificadas por la congresista “podrían constituir vicios insubsanables y conducir eventualmente a la inexequibilidad de la ley aprobada”.

El presidente de la Cámara de Representantes se refirió al trámite de subsanación de la reforma, yendo en contra de lo que argumentan Garrido y otros congresistas. Aseguro que todo el proceso se llevó a cabo de acuerdo con la normatividad vigente y con base en las decisiones adoptadas previamente por el alto tribunal.

“Visité el auto 966 de 2021, la sentencia C-055 de 2022 y otras, que el conocimiento de la parte decisoria de una providencia hace exigible a los operadores jurídicos el cumplimiento de los mandatos de la Corte”, precisó ante los medios de comunicación.

Asimismo, insistió en que procuró dar cumplimiento a la orden de la Corte y brindar garantías convocando los espacios de deliberación y votación: “Quise hacer yo en ese punto, pecar por exceso y no por defecto”.