Condenan a colombiana en EE. UU. por utilizar un número de la seguridad social falso: su tocaya hizo algo parecido por más de 20 años

Una mujer de nacionalidad colombiana identificada como Lina Marcela Ospina Isaza, de 24 años y oriunda de Bucaramanga (Santander), fue sentenciada en Boise, estado de Idaho, por el uso indebido de un número de Seguro Social falso.

La sentencia fue por tiempo cumplido, aproximadamente dos meses, según informó la fiscalía local.

La jueza federal Amanda K. Brailsford eximió a Ospina Isaza del pago de multa y tasa especial, considerando su probable deportación. La acusada se había declarado culpable el 10 de junio de 2025.

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Según los registros judiciales, Ospina Isaza ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 1 de diciembre de 2023, cruzando la frontera cerca de Otay Mesa, California, sin pasar por un control migratorio oficial, indicó un informe de Idaho News.

Tras su detención, la joven colombiana fue liberada bajo “orden de reconocimiento” a la espera de una audiencia migratoria y se le pidió reportar cualquier cambio de dirección al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un plazo de cinco días.

A pesar de registrar un domicilio en Massachusetts, se trasladó a Boise, Idaho, donde compró una tarjeta de Seguro Social falsa y una tarjeta fraudulenta de residencia legal.

Este modus operandi ya se había visto en un caso que fue noticia a nivel nacional en ese país, y en el que la protagonista también fue otra connacional que, por simple casualidad, tiene su mismo nombre: Lina María Orovio Hernández.

La mujer utilizó estos documentos para solicitar empleo en un hotel de Boise en abril de 2024, firmando un formulario I-9 con el número falso de Seguro Social. Posteriormente, cambió de empleo y usó la misma documentación fraudulenta para conseguir trabajo en otro hotel del centro de Boise en mayo de 2024.

Este caso es uno de ocho recientes en Idaho en los que inmigrantes indocumentados han sido acusados de utilizar documentos falsos para obtener empleo. El Departamento de Seguridad Nacional continúa inspeccionando los formularios I-9 en busca de irregularidades y fraudes relacionados con el empleo.

El uso falso de un número de Seguro Social es un delito grave (federal) que puede acarrear hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $250.000 dólares (más de 1.000 millones de pesos colombianos).

Además, desde enero de 2025, han aumentado las sanciones civiles para los empleadores que contraten trabajadores sin autorización legal, fijando multas de 5.724 dólares (más de $22 millones) por infractor en la primera infracción y hasta 28,619 (más de $112 millones) en casos reincidentes.

Lina Maria Orovio Hernández, ciudadana colombiana de 59 años, fue acusada de manera formal en Boston por varios delitos federales relacionados con fraude, suplantación de identidad y beneficios federales.

Según la acusación, Orovio Hernández habría vivido en Estados Unidos por más de 20 años utilizando una identidad robada, durante los cuales obtuvo ilegalmente beneficios por más de 400 mil dólares, incluyendo ayuda de vivienda (Section 8), beneficios del Seguro Social y subsidios del programa Snap (alimentos).

La Fiscalía estadounidense señala que, además de los fraudes contra diversos programas del gobierno, la acusada también tramitó de manera fraudulenta una Real ID (identificación) de Massachusetts, ocho documentos de identidad adicionales de otros estados, e incluso solicitó un pasaporte estadounidense.

Orovio Hernandez está acusada de registro electoral fraudulento y de haber votado ilegalmente en la elección presidencial de 2024, agregó el comunicado emitido por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Massachusetts

Entre los cargos presentados figuran representación falsa de número de Seguro Social, declaración falsa en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, recepción de dinero o propiedad gubernamental robada, registro y votación fraudulenta. Desde febrero de 2025, la acusada permanece bajo custodia federal.

El caso ha generado comentarios de diversas agencias de investigación y supervisión federales.

Voceros del Departamento de Justicia, Seguridad Social y Vivienda de EE. UU. hicieron hincapié en la gravedad de los delitos y el compromiso institucional para detectar y procesar estos hechos. “La acusada usó una identidad robada para recibir recursos críticos destinados a ciudadanos vulnerables y participó ilegalmente en el proceso electoral”, destacaron las autoridades en el documento oficial.

Por estos delitos, Orovio Hernández enfrenta condenas que pueden llegar hasta 10 años de prisión por algunas de las acusaciones, sumadas a multas que alcanzan los 250 mil dólares por cada delito grave (es decir que que si se suman los cinco cargos todo sumaría más de un 1.000.000 de dólares), sumado a la obligación de someterse a supervisión tras cumplir la condena.

Una vez completada cualquier sentencia, podría ser deportada de EE.UU., igual que su tocaya.

El caso sigue bajo etapa de acusación formal, tras conocerse estas novedades al final de mayo de 2025, y será llevado ante una corte federal, donde la acusada es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.