Comisión de la Cámara prepara exoneración de Petro por caso de financiación irregular

La reestructuración de responsabilidades dentro de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, a raíz de presuntas irregularidades financieras, se perfila como el elemento determinante para el cierre de la investigación que afronta el mandatario.

Según explicó el medio Semana, los abogados y congresistas que integran la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes consideran que Petro habría delegado las gestiones clave y, por tanto, desconocía cualquier manejo indebido de fondos.

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El proceso, que ha avanzado entre recusaciones y controversias políticas, apunta a una absolución sustentada en la “ausencia de dolo”.

De acuerdo con Semana, la ponencia que recomendará exonerar al presidente está casi finalizada, a la espera únicamente de que se resuelvan las recusaciones presentadas contra los parlamentarios encargados de investigar.

Este triunvirato está conformado por Alirio Uribe (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Partido Liberal, exesposa de Roy Barreras) y Wilmer Carrillo (Partido de la U), todos con nexos, ya sea personales o políticos, con el gobierno actual.

Solo tras la resolución de estas recusaciones, la Comisión podrá registrar oficialmente la decisión, estimada para octubre de 2025.

Los informes judiciales aún esperan completar dos declaraciones clave, entre ellas la de las directivas de Supergiros, la empresa identificada como intermediaria para pagos durante la campaña. Además, se encuentran pendientes dos inspecciones: una a la Fiscalía General enfocada en Ricardo Roa, gerente de campaña hoy presidente de Ecopetrol, y otra al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que debe entregar pruebas recientes tras la decisión de la Corte Constitucional que, el 26 de junio de 2025, retiró al CNE la competencia para investigar al presidente.

El medio mencionado confirmó que la diligencia ante el CNE está programada para el lunes 21 de julio a las 9:00 a. m., y que el expediente será remitido pronto.

Durante los últimos meses, los miembros del triunvirato han convocado a reuniones privadas con especialistas en derecho, revisado pruebas, y llegado a la premisa de que Gustavo Petro no actuó con la intención consciente o deliberada de cometer un delito.

Tal como describió Semana, los investigadores opinan que el presidente desconocía el origen de los fondos y que tampoco estaba al tanto, en esos momentos, de la procedencia de ciertos servicios recibidos, como el uso de un avión comercial señalado por denuncias ante el CNE por estar vinculado a Daily Cop, un esquema ilegal de criptomonedas.

El argumento central es que “el entonces candidato no tuvo conocimiento de los dineros que ingresaron a su campaña ni de la procedencia de ciertos servicios, como el avión empleado en sus desplazamientos”, lo que según los investigadores se traduce en que todo ocurrió “a sus espaldas”.

Esta línea de defensa reproduce el criterio jurídico aplicado en 1996 a Ernesto Samper durante el proceso 8.000, cuando fue exonerado por el Congreso tras alegar desconocimiento del ingreso de recursos ilícitos a su campaña.

No obstante, fuentes de la propia Comisión citadas por Semana reconocieron que existen pruebas contundentes de que se violaron los topes electorales en la campaña de 2022.

Magistrados como Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del CNE habrían recopilado evidencia significativa contra Petro, su gerente de campaña y partidos aliados como Colombia Humana, Polo Democrático y Unión Patriótica.

Pese a la contundencia probatoria, los investigadores sostendrán que no hay elementos suficientes para concluir que Petro tenía conocimiento o intención de vulnerar la ley.

El informe final contemplaría la posibilidad de que, mientras se proponga archivar la investigación y exculpar a Petro, se remitan copias a la Fiscalía sobre Ricardo Roa para que se evalúe si procede una acción penal en su contra.

El fuero constitucional da exclusividad a la Comisión de Investigación para decidir sobre el presidente, pero no protege a otros responsables de la campaña.

El expediente de la Comisión podría volverse público en la segunda mitad del año, abriendo la posibilidad de que la opinión pública acceda a testimonios claves, como los de las directivas de Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Ambas organizaciones confirmaron ante la Comisión que, pese a que sí realizaron aportes económicos a la campaña de 2022, estos no fueron gestionados directamente por Petro, que tampoco estaba informado de su procedencia.

Ese planteamiento coincide con el memorandum presentado en noviembre de 2024 por Mauricio Pava, exabogado defensor de Petro, que argumentó que “el entonces candidato delegó funciones en Ricardo Roa, confiando en su experiencia y capacidad para gestionar los aspectos financieros. Esto significa que actuó con la diligencia que se espera de un candidato presidencial, enfocándose en sus responsabilidades propias y delegando funciones específicas en su equipo”.

El documento de Pava subraya que la organización y distribución de tareas en una campaña política implica que los actos de uno no pueden imputarse automáticamente a otros sin evidencia de participación directa o conocimiento específico. “El principio de realización mancomunada del trabajo en una campaña implica una división de responsabilidades que impide que los actos de uno sean automáticamente imputables a otro sin una participación o un conocimiento directo”, señaló el letrado.

Tras su renuncia a la defensa, Pava sostuvo que al no existir una decisión judicial firme sobre una conducta ilícita y al haber actuado Petro conforme al principio de confianza, no corresponde establecerle responsabilidad penal por presuntos manejos indebidos.

La estrategia que se esboza en la Comisión emula la resolución de casos anteriores, como la decisión que exoneró al expresidente Juan Manuel Santos en el escándalo por aportes de Odebrecht, en el cual el gerente de campaña, Roberto Prieto, terminó condenado y encarcelado.

Si la ponencia en curso recomendara no avanzar con la investigación y logra el aval de la Comisión, el proceso podría ser apelado, según detalló el excongresista Edward Rodríguez a Semana. Una eventual apelación trasladaría la determinación a la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde actualmente el presidente Petro cuenta con mayoría favorable.

El resultado de esta votación adquiere especial relevancia ante la proximidad de la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, cargo que el Gobierno busca asegurar el domingo 20 de julio. El representante Wilmer Carrillo, integrante del triunvirato investigador, aspiró inicialmente al cargo pero su nominación no prosperó; ahora la mirada del oficialismo está sobre Julián López (Partido de la U), que ya se reunió con Petro para definir su apoyo.

Este entramado de disputas políticas ha afectado también la designación del liderazgo dentro de la Comisión de Investigación y Acusación.

El acuerdo suscrito en 2022 otorga la presidencia del organismo al Pacto Histórico, lo que fortalecería la posición de Petro frente a los eventuales procesos en su contra y explicaría el interés del Gobierno en mantener el control de las directivas del Congreso, según reportó Semana.