Juan David Riveros, abogado de Keralty, afirmó que la empresa mantiene denuncias contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, como respuesta a un comportamiento hostil del por parte del Gobierno, especialmente tras la intervención de la EPS Sanitas, incluso, tras fuertes declaraciones del jefe de Estado colombiano.
Riveros, en conversación con El Tiempo, sostuvo que buscan que las autoridades investiguen conductas que consideran delictivas y reiteró: “Si ordenan que el Presidente rectifique y no rectifica, veremos qué camino tenemos”.
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La airada respuesta de Petro no se hizo esperar en las redes sociales. En sus palabras: “A mi no me amenaza un extranjero. Usaré todos los medios que me da la ley y el derecho internacional para que, en Colombia, capitales extranjeros no amenacen la salud de los colombianos, la Patria y la persona del presidente de la República (sic)”, dijo.
Incluso, dijo que “quienes evaden nuestra ley y rompen la clausula de no comerciar con regímenes genocidas recibirán nuestra respuesta legal. Primero muerto que volver a ser esclavizado o colonizado. Nosotros no nos arrodillamos”, concluyó.
Lo que expresó el abogado de Keralty
Riveros manifestó en la entrevista que los señalamientos han causado dos impactos: un daño a los pacientes a raíz de la intervención y un perjuicio moral significativo para la organización y su cabeza, el empresario español Joseba Grajales.
Señaló que, de determinarse una vulneración de derechos fundamentales, acudirán a la tutela y a instancias internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, bajo el argumento de abuso de poder.
Incluso habló sobre una demanda internacional ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial), el abogado indicó que el reclamo asciende a 1.200 millones de dólares, recursos que, según Keralty, se destinarían al fortalecimiento de la EPS.
Riveros detalló que las contribuciones políticas hechas por Keralty SAS durante las elecciones legislativas de 2022, por un total de 145 millones de pesos, figuran en la contabilidad de la empresa y los registros de los partidos.
Riveros manifestó preocupación por una posible extensión de la intervención en la EPS, a la que catalogó como arbitraria.
Señaló que la acusación de Petro de uso indebido de recursos no tiene sustento, pues –dijo– los dineros se usaron principalmente en el pago a la red de servicios médicos.
Agregó que el presidente los acusa de financiar la oposición a la reforma a la salud, pero las donaciones fueron legales y de conocimiento público.
Lo que dijo Petro del dueño de Keralty, en una alocución presidencial
Durante la última alocución presidencial, Petro afirmó que “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia. Debe irse. Aunque me toque hablar con el rey de España o con el que sea, lo sacaré”.
El presidente insistió en que EPS Sanitas realizó donaciones a campañas políticas y generó perjuicio financiero al sistema de salud.
Entonces, el presidente del grupo Keralty, Joseba Grajales, anunció la presentación de una denuncia contra Gustavo Petro tras las declaraciones. La acción legal también incluye a miembros del equipo de gobierno por, según Keralty, difundir información falsa.
Grajales, en comunicado, rechazó las acusaciones y citó el reciente fallo de la Corte Constitucional que revocó la intervención del gobierno sobre EPS Sanitas. Criticó la “narrativa sostenida por más de tres años” desde el Ejecutivo contra el sistema de salud.
Según Keralty, las donaciones en 2022 a partidos representaron el 0,1% del total de aportes legales reportados. El grupo ya había señalado anteriormente al gobierno de ejecutar una estrategia “premeditada y arbitraria” para intervenir la EPS.
La intervención a Sanitas, ordenada por la Superintendencia en abril de 2024 y extendida un año, fue anulada recientemente por la Corte Constitucional, que consideró vulnerado el debido proceso en la medida tomada contra la entidad.
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