Durante una entrevista concedida a W Sin Carreta de la W Radio, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Ulloa, presentó un balance de las inspecciones realizadas a tres entidades promotoras de salud: Sanitas, Famisanar y Nueva EPS.
Estas visitas se enmarcan en acciones de carácter preventivo, emprendidas luego de que se reportara un aumento significativo en las quejas y tutelas interpuestas por usuarios del sistema.
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Según indicó Ulloa, en los primeros meses del año se ha notado una tendencia al alza en los reclamos formales por parte de los afiliados.
“En lo corrido del año llevamos más de 48.000 quejas y 125.000 tutelas, lo que hizo que la Procuraduría, en su labor preventiva, iniciara unas visitas, unas inspecciones a la EPS Sanitas, Famisanar y Nueva EPS, debido al aumento de quejas, tutelas y deterioro de la cartera”, precisó.
En este contexto, una de las cifras que ha generado debate en el sector salud fue la planteada por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que las deudas de las EPS con clínicas y proveedores alcanzarían los 100 billones de pesos.
No obstante, Ulloa se refirió a este valor indicando que la información disponible hasta el momento no coincide con esa estimación.
“Tenemos datos preliminares, porque hasta ahora se iniciaron las visitas, pero ya se había solicitado información a las EPS. Tenemos los datos de la Contraloría que señala que son 33 billones de pesos, y estamos haciendo toda la recopilación de la información para revisar cuál es esa cifra”, explicó. En su intervención, aclaró además que “estas cifras siempre van a tener dificultades y no serán conciliadas”.
En paralelo a las dificultades de cartera, la Procuraduría también ha detectado deficiencias en los soportes financieros de las entidades objeto de revisión. De acuerdo con Ulloa, las irregularidades detectadas en las tres EPS evaluadas guardan relación con la falta de documentación financiera certificada, lo que obstaculiza los procesos de verificación y seguimiento.
“Sanitas y Nueva EPS no tienen los estados financieros debidamente certificados”, advirtió.
Esta falta de certificación, según la procuradora, corresponde al año 2024, lo que genera alertas frente al cumplimiento de los requisitos normativos establecidos para las entidades que administran recursos del sistema de salud.
En cuanto al proceso de recopilación de datos, la funcionaria señaló que la información recolectada hasta ahora ha presentado múltiples vacíos. “Ya que todas tienen falencias”, indicó, al referirse a las inconsistencias observadas en los reportes entregados por Sanitas, Famisanar y Nueva EPS.
Esta situación ha dificultado la labor de la Procuraduría, especialmente en lo relacionado con la trazabilidad de los pagos a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios médicos.
La funcionaria reiteró que las inspecciones adelantadas por el Ministerio Público son de carácter preventivo y que tienen como propósito identificar los principales factores que están impactando la prestación del servicio. En ese sentido, la Procuraduría continúa con la recopilación y revisión de la documentación enviada por las EPS, al tiempo que mantiene un diálogo abierto con otras entidades del Estado involucradas en el control y supervisión del sistema.
En el marco de estas acciones, Ulloa subrayó que aún no se ha consolidado un informe definitivo sobre el estado financiero de las EPS visitadas. No obstante, las observaciones preliminares dan cuenta de una serie de obstáculos administrativos y contables que podrían estar incidiendo en el retraso de pagos y, por tanto, en la calidad de la atención prestada a los afiliados.
Las declaraciones de Ulloa se producen después de que la Contraloría General de la República informara que las deudas acumuladas por parte de las EPS hacia sus proveedores ascienden a 33 billones de pesos. Esta cifra, aunque inferior a la entregada por el presidente Petro, también ha encendido alarmas en el sector, dado que compromete la operación de clínicas, hospitales y laboratorios en diferentes regiones del país.
Los hallazgos de la Procuraduría hacen parte de un proceso más amplio de fiscalización que busca evaluar el comportamiento administrativo y financiero de las entidades responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud. En el caso particular de Sanitas y Nueva EPS, la ausencia de certificación financiera actualizada plantea interrogantes sobre la solidez de su operación durante el presente año.
Por ahora, las entidades de control continúan adelantando el proceso de verificación documental y evaluación de riesgos, con el fin de adoptar las medidas necesarias que permitan proteger los derechos de los usuarios y la sostenibilidad del sistema general de salud.
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