Petro lanzó inquietante trino sobre la Nueva EPS, tras decisión del Consejo de Estado: “Sus deudas la pusieron hace rato en causal de disolución”

Un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta en la red social X reabrió la controversia sobre el futuro de la Nueva EPS, la entidad de salud más grande de Colombia, luego de una reciente decisión del Consejo de Estado que puso nuevamente en el centro la stuación contable y los riesgos operativos de la entidad.

La publicación, que generó debate entre sectores políticos y usuarios del sistema de salud, alerta sobre la gravedad de la situación financiera de esta compañía y su posible disolución.

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La discusión comenzó cuando el Consejo de Estado emitió un fallo que afecta el proceso de intervención administrativa de varias entidades promotoras de salud (EPS). En ese contexto, el presidente Petro publicó un mensaje que puso en duda la transparencia de la Nueva EPS en el manejo de su información financiera.

En su trino, afirmó: “Saben los demandantes que están a punto de salir los datos contables de la Nueva EPS, que nunca tuvo un sistema de información real, están desesperados por taparlos”.

El presidente Petro añadió que “las deudas de la Nueva EPS la pusieron hace rato en causal de disolución. Estamos tratando de salvarla. Pero buscan es que no se salve la información”.

Finalizó el mandatario solicitando a los magistrados del Consejo de Estado que “puedan mirar los datos, y ordenar una auditoría forense sobre todo el sistema”.

El abogado Samuel Ortiz sostiene que la medida se tomó por motivaciones políticas y no técnicas. Pide que se suspenda de manera provisional la resolución y se restablezcan derechos al buen nombre y al debido proceso del gerente y los accionistas de la entidad.

El Consejo de Estado decidió admitir para estudio una demanda de nulidad que busca dejar sin efecto la resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión forzosa de la Nueva EPS. Este recurso judicial fue presentado por el abogado Samuel Ortiz, que sostiene que el acto administrativo que dio origen a la intervención responde a intereses políticos y no a una situación objetiva que ameritara la medida.

La demanda se centra en cuestionar la legalidad de la actuación administrativa de la Superintendencia y su posible relación con el contexto político nacional.

Según el demandante, la intervención de la Nueva EPS constituye una reacción frente al hundimiento del proyecto de reforma al sistema de salud promovido por el Gobierno nacional.

El proceso administrativo, insiste Ortiz, habría sido precipitado por el ambiente político posterior al archivo de la reforma, en vez de responder a causas debidamente documentadas o a la crisis en la prestación de servicios o el manejo financiero que exige la ley.

En el documento presentado ante el Consejo de Estado, el abogado señala expresamente que: “No en el marco de una actividad de intervención como aparenta serlo, sino bajo un interés político ante el archivo del proyecto de ley que reforma a la salud. Para sustentar el argumento, debe señalarse que el primer mandatario escribió mensajes en redes sociales en lo que se demostraría que el presidente pidió la intervención administrativa de la EPS por motivos diferentes a los constitucional y legalmente permitidos”.

Este señalamiento pone en el centro del debate la independencia técnica de las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud y el posible uso de herramientas de control estatal como mecanismo de presión en el marco de discusiones políticas, en especial alrededor de la discutida reforma al sistema de salud del país.

Samuel Ortiz, en su escrito, solicita al alto tribunal acoger tres pretensiones principales:

1. Que se acceda a la medida cautelar de suspensión provisional de la resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que implicaría paralizar de inmediato la intervención mientras se realiza un análisis de fondo sobre la legalidad del acto.
2. Que se declaren vulnerados los derechos al buen nombre, la honra, el debido proceso, la audiencia y la contradicción tanto del gerente como de la asamblea de accionistas de la Nueva EPS durante el trámite de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, así como en el desarrollo de la intervención forzosa administrativa.
3. Que se le ordene a la Superintendencia Nacional de Salud abstenerse de realizar nuevas intervenciones administrativas al sistema de salud actual, hasta tanto se resuelva el proceso y se determine la legitimidad de lo actuado.

La demanda, de ser fallada a favor de Ortiz, podría obligar a la Superintendencia a levantar la intervención y devolver la administración de la Nueva EPS a sus órganos directivos y accionistas, a la vez que supondría un llamado de atención sobre la instrumentalización política de los entes de vigilancia y control por parte del gobierno.