Más de 300.000 pasajeros atrapados y $6.000 millones en pérdidas por el paro arrocero que el Gobierno no logra frenar

La movilidad en departamentos como Tolima, Huila, Meta, Casanare y Córdoba atraviesa una de sus semanas más críticas. Mientras el paro arrocero se mantiene, las empresas de transporte intermunicipal advierten sobre un panorama cada vez más insostenible, rutas canceladas, usuarios atrapados en terminales y pérdidas económicas que ya superan los 6.000 millones de pesos.

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) dio la voz de alarma al registrar más de 300.000 pasajeros afectados desde que comenzaron los bloqueos viales. La situación generó un efecto dominó que compromete no solo la continuidad del servicio, también la seguridad de conductores y viajeros en varias regiones del país.

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“Las pérdidas económicas para las empresas superan los seis mil millones de pesos, una cifra que sigue en aumento por la imposibilidad de operar con normalidad”, explicó José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.

La crisis se extiende por corredores clave donde el paso es ahora incierto o directamente imposible. Los puntos más afectados se ubican en Saldaña, el cruce Armero y Gualanday (Tolima); Neiva, Campoalegre y Villavieja (Huila); el kilómetro 84 de la Vía al Llano y la carretera Villavicencio–Puerto López (Meta); Aguazul (Casanare), y el tramo Lorica–Cereté (Córdoba). En muchos de estos sectores, las alternativas viales son escasas o inexistentes, lo que agrava el impacto.

Desde el gremio transportador no se desconoce el derecho a la manifestación, pero se insiste en que esta no debe vulnerar otros derechos fundamentales. “Reconocemos la protesta como un mecanismo legítimo, pero debe ejercerse sin afectar la movilidad ni el trabajo de quienes también dependen de estas vías”, declaró Camilo García, vicepresidente de Aditt.

Los retrasos en algunas rutas alcanzan las diez horas, y en ciertos casos, las empresas se vieron obligadas a suspender los trayectos de forma indefinida. Para evitar que el colapso se prolongue, el gremio solicitó al Ministerio de Transporte autorización para habilitar rutas alternas y establecer corredores humanitarios que garanticen un tránsito seguro, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Además, proponen la instalación de puntos de control con acompañamiento estatal, que permitan monitorear el flujo vehicular y ofrecer protección a los pasajeros que se ven obligados a movilizarse a pesar del paro. La expectativa ahora está puesta en que el Gobierno nacional y los líderes del movimiento acepten una salida dialogada que evite el cierre total de corredores estratégicos para el comercio, el turismo y la vida cotidiana de miles de colombianos.

La mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y los líderes del paro arrocero fracasó estrepitosamente el 17 de julio, tras apenas cinco minutos de reunión. Los voceros del gremio abandonaron el encuentro al constatar que las ministras de Agricultura y de Comercio, Martha Carvajalino y Diana Marcela Morales, no asistieron, a pesar de haber sido anunciadas como parte del equipo negociador.

22 delegados del sector arrocero habían viajado toda la noche desde distintos departamentos con la expectativa de encontrar soluciones reales. Su desilusión fue inmediata: “Cumplimos con nuestra parte, pero el Gobierno no”, fue su mensaje tras levantarse de la mesa.

Desde la Casa de Nariño se argumentó que las ministras solo participarían si los bloqueos eran previamente levantados, condición que los arroceros rechazaron por considerarla arbitraria. No es la primera vez que ocurre algo similar, en marzo ya se frustró un intento de diálogo bajo circunstancias parecidas.

Mientras tanto, los bloqueos continúan en más de diez vías clave del país, y el paro —que cumple cinco días— ya deja pérdidas superiores a los 297.000 millones de pesos, agravadas por la caída del precio del arroz paddy verde.

Aunque el Gobierno propuso medidas como una resolución sobre precios, planes contra el contrabando y una mesa técnica, los productores denuncian vacíos técnicos y temen que la industria no acate las normas. Para ellos, el problema va más allá de lo económico, sienten que no hay voluntad política real.