
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc-EP, Colombia ha afrontado el reto de completar de manera correcta un proceso de paz, algo que no ha sido posible en varios casos, tomando como ejemplo lo registrado con la justicia transicional de Justicia y Paz con las AUC.
Entre las problemáticas que han emergido tras la firma, la principal es la creación de hasta tres disidencias del grupo armado, conformadas por exintregrantes de las Farc que no estuvieron de acuerdo con la paz planteada en el gobierno de Juan Manuel Santos.
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Aunque se han consolidado mesas de diálogo para consolidar una tregua con estas facciones, a la par, han seguido delinquiendo y tomando el poder de varias zonas del país, vetando por completo a los firmantes del acuerdo de estos lugares.
A pesar de la petición al Estado de los firmantes que buscan que se les garantice su seguridad, esto no ha sido posible en todas las regiones, consolidando una “casería” en la que las disidencias buscan terminar con los que llaman “traidores”.

Al respecto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expuso que desde que se firmó el acuerdo con las Farc-EP, en el país se ha registrado el asesinato de 460 exguerrilleros.
“Es un dato muy preocupante. La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz“, explicó a EFE el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
Ramelli, que está en Nueva York como observador del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo, aprovechó para resaltar el compromiso que siguen teniendo los firmantes en el territorio nacional.
“La comunidad internacional sigue apostándole al proceso de paz de 2016. Es un proceso exitoso. A pesar de los asesinatos, a pesar de la las disidencias, a pesar de que cada uno de esos grupos quiere cortarlos, ellos (los firmantes de paz) siguen cumpliendo”.

Aunque se mostró optimista, el presidente de la JEP también reconoció que los puntos del acuerdo no han sido cumplidos de manera efectiva, señalando los temas estructurales (cultivos ilícitos y reforma rural integral), como aspectos que han quedado “rezagados”.
“Obviamente, habrá que hacer otros procesos para cerrar completamente el conflicto, pero es que una cosa no se opone a la otra”, enfatizó Ramelli, que indicó que se debe separar el éxito del proceso y la continuidad de la violencia por parte de otros grupos armados.

Las palabras del presidente de la JEP no evitaron que durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el saliente jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Massieu, criticara al Gobierno nacional en su balance.
Massieu respaldó el proceso de paz, pero alertó que no hay un liderazgo claro para enfrentar la violencia del país con las negociaciones que se llevan a cabo con varios grupos armados.
“A pesar de los avances innegables registrados, la implementación del acuerdo sigue enfrentando varios retos que dificultan la consolidación de una paz verdadera. Entre ellos destaca la presencia limitada de instituciones en diferentes regiones del país, en donde los beneficios de la paz siguen siendo limitados”.
Al hablar de las nuevas mesas de diálogo, indicó que en Colombia se debe garantizar una clara voluntad de paz por parte de los actores armados para evitar que se repita lo registrado en el inicio del 2025 con el ELN.
“Es fundamental que en esas iniciativas existan señales claras de voluntad de paz por parte de los actores armados y una orientación hacia resultados concretos, en particular hacia resultados tangibles para las comunidades”, puntualizó.
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