La corrupción en la contratación pública vuelve a inquietar a Colombia. La Corte Suprema de Justicia citó al exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, para que rinda testimonio en uno de los procesos más delicados del momento: la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), que involucra a más de 30 congresistas.
La diligencia quedó programada para el 21 de julio, cuando el exfuncionario deberá presentarse ante la Sala de Instrucción del alto tribunal.
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El caso hace parte de una investigación preliminar orientada a esclarecer la supuesta entrega irregular de millonarios contratos de infraestructura vial desde el Invías.
La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema luego de recibir testimonios provenientes del Ministerio de Hacienda, lo que encendió las alarmas en los órganos de control sobre la posible participación de parlamentarios en el esquema.
El detonante de esta investigación fue la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien alertó a la Fiscalía a comienzos de 2024 sobre anomalías en los procesos de contratación pública desde el Invías.
Benavides detalló, entre otros puntos, que senadores y representantes habrían influido directamente en la asignación de proyectos viales, lo que derivó en la apertura del expediente judicial y en la compulsión de copias para la investigación de al menos 32 parlamentarios.
Luis Carlos Reyes, quien también fue director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el primer año del Gobierno de Gustavo Petro, fue citado debido a la posibilidad de que hubiera conocido de advertencias o alertas relacionadas con estas presuntas irregularidades durante su paso por el gabinete.
Su testimonio será clave para la reconstrucción del contexto político y administrativo al interior del Gobierno, especialmente frente al manejo y adjudicación de contratos estatales en el sector infraestructura.
En el oficio firmado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto y dirigido al exministro, la Corte le indicó de manera explícita el carácter obligatorio de su comparecencia. En el documento se especifica que ninguna excusa será aceptada, salvo aquellas sustentadas por certificados médicos o causas de fuerza mayor debidamente documentadas.
El escándalo, que toma fuerza en medio de la incertidumbre generada por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), apunta a revelar un entramado político y contractual cuyas ramificaciones llegan al Congreso de la República y se extienden a distintos niveles de la administración pública.
La investigación busca determinar si varios legisladores aprovecharon sus cargos para influir en la adjudicación de contratos a cambio de favores o apoyos políticos a iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
Las declaraciones de María Alejandra Benavides fueron determinantes en este nuevo escándalo. Según la exfuncionaria, existía un “enlace” entre el Ministerio de Hacienda y el Invías, representado por Juan José Oyuela, director de operación del Invías.
Benavides lo describió como intermediario clave en la comunicación con Andrea Ramírez, que mantenía cercanía con otros funcionarios del Gobierno. “Yo tengo entendido que fue como el director técnico o algo similar. Y luego quedó en cabeza de una de las direcciones, pero el cargo no lo tengo claro. Él era el enlace, él era el enlace”, sostuvo Benavides en su declaración ante la Fiscalía.
Las versiones de la exasesora llevaron a la Corte a ordenar la compulsa de copias para la investigación de al menos 32 congresistas, entre senadores y representantes.
Algunos de los nombres que ya han salido a la luz pública en la indagación comprenden a Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo y Daniel Restrepo.
En la etapa preliminar de la investigación, la Corte Suprema ya escuchó a finales de abril los testimonios de otros exfuncionarios relevantes. Ante la Sala de Instrucción comparecieron los exministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla y Ricardo Bonilla, así como María Constanza García, quien dirigió el Invías y luego se desempeñó como ministra de Transporte.
La hipótesis principal que se investiga es que el Invías habría sido instrumentalizado para asegurar votos de congresistas a favor de iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional. Según las declaraciones de Benavides, la asignación de contratos se utilizó como mecanismo de presión o incentivo político dentro del Congreso.
El lunes 21 de julio, Luis Carlos Reyes Hernández deberá responder ante el alto tribunal sobre su conocimiento o participación en los hechos.
La expectativa en el ámbito político es alta, dado que el testimonio del exfuncionario podría aportar nuevos elementos para dilucidar la cadena de responsabilidades y conexiones entre los funcionarios del Gobierno, los directivos del Invías y los congresistas implicados.
La investigación, aunque aún en fase preliminar, despierta inquietud sobre las dimensiones del esquema de corrupción denunciado, dado que podría superar en alcance al de la Ungrd, un caso que todavía genera repercusiones en el país.
El proceso avanza con la indagación de los nexos entre los actores centrales: legisladores, altos funcionarios del Gobierno y directivos de entidades públicas responsables de la adjudicación de grandes contratos de obra pública.
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