Capos criminales podrían conservar hasta el 12% de sus bienes, según propuesta de ley de sometimiento a la justicia del Gobierno Petro

Un borrador de ley impulsado por el Ministerio de Justicia y elaborado en colaboración con instituciones como la Consejería de Paz y el Ictj, Centro Internacional para la Justicia Transicional, plantea un tratamiento penal diferenciado para miembros de grupos armados ilegales, estructuras criminales, financiadores y colaboradores.

Entre sus disposiciones, el documento establece que los beneficiarios del proceso de sometimiento podrían conservar hasta el 12% de sus bienes como parte de los acuerdos de colaboración eficaz.

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Según el texto, los miembros de estructuras criminales, como Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, así como financiadores y colaboradores, deberán entregar listados detallados de los bienes obtenidos durante su actividad ilícita.

Estos bienes serán valorados por entidades como la Unidad para las Víctimas (Uariv) o la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que determinarán su uso para la reparación individual o territorial de las víctimas.

No obstante, se permite explícitamente que hasta un 12 % de los bienes entregados puedan mantenerse en manos del responsable a título individual. Esta disposición aplicaría siempre que se cumplan otros requisitos, como la participación efectiva en mecanismos de verdad, justicia restaurativa y entrega total del resto de los activos identificables o monetizables.

El tratamiento diferenciado busca desmantelar organizaciones delictivas, facilitando su sometimiento a cambio de beneficios penales, incluyendo penas reducidas, libertad condicional y condiciones de reclusión especiales. Sin embargo, la posibilidad de conservar una porción de los bienes ilícitos genera cuestionamientos sobre el equilibrio entre incentivos a la colaboración y la garantía plena de los derechos de las víctimas.

El proyecto aún está en fase de borrador y deberá ser debatido en el Congreso en el marco de la política de “paz total” del gobierno.

Entrega total de los bienes relacionados con la actividad criminal:

• Los responsables deben presentar listados detallados de los bienes obtenidos durante su participación en el grupo o estructura ilegal.
• Estos bienes deben ser identificables, monetizables o útiles para la reparación colectiva y territorial.

Valoración y aceptación por parte de entidades del Estado

• La Unidad para las Víctimas (Uariv) o la Sociedad de Activos Especiales (SAE) evaluará la información sobre los bienes.
• Estas entidades determinarán qué parte de los activos se destina a la reparación y cuál puede conservarse.

Participación efectiva en mecanismos de justicia restaurativa

• Incluye colaboración en el esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas y reintegración en el marco de la paz.
• También se exige aportar información sobre patrones criminales, víctimas, redes y actividades ilícitas.

Cese de actividades delictivas

• El beneficiario debe abandonar por completo las economías ilícitas y no reincidir en actividades criminales.

Compromisos firmados en acuerdos formales

• Los responsables deben suscribir un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y Reparación, así como un acuerdo con la Fiscalía para desmantelamiento de estructuras o colaboración eficaz.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desmintió la autenticidad de un borrador de ley que propone beneficios penales para integrantes de grupos armados ilegales y estructuras criminales. “El documento que está circulando no es oficial, contiene muchas diferencias, desinformación y se falta a la verdad en algunos contenidos de los medios”, afirmó. La aclaración surgió tras su difusión masiva en redes y medios, lo que obligó al Gobierno a aclarar que el verdadero proyecto aún no está terminado.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado señalando que el texto filtrado “no corresponde al Proyecto de Paz Total que será presentado mañana a consideración del Consejo de Política Criminal” y enfatizó que “el proyecto definitivo está aún en proceso de elaboración y consultas con muchos sectores y actores”.

El borrador, titulado “Proyecto de ley por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y de estructuras de crimen organizado”, propone penas alternativas de cinco a ocho años para cabecillas responsables de violaciones graves, y de dos a cinco años para miembros sin capacidad de decisión. También contempla mecanismos de terminación anticipada para delitos como concierto para delinquir.

Uno de los puntos más discutidos es que las penas no se cumplirían necesariamente en cárceles. El artículo 35 permitiría cumplirlas en “colonias agrícolas, zonas de ubicación temporal, regiones de paz o casas de armonización”. Además, se prevé libertad condicional para quienes hayan cumplido más de cinco años de prisión y traslados a pabellones especiales para los demás.

El Consejo de Política Criminal será el escenario donde se presente oficialmente la versión final del proyecto, que busca redefinir el tratamiento penal dentro del marco de la política de Paz Total, orientada a la desactivación de la violencia armada en Colombia.