El Consejo Superior de Política Criminal, luego de un proceso de deliberación y presentación de observaciones, respaldó con nueve votos el borrador del proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico especial para el sometimiento de estructuras armadas y de crimen organizado.
Este espacio, convocado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, fue creado para recoger opiniones, aportes y preocupaciones de distintos sectores sociales e institucionales frente al articulado del proyecto.
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Según explicó el ministerio, “estas voces están siendo recogidas y serán revisadas con rigor, con la posibilidad de ser incorporadas en el texto definitivo que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentará próximamente al Congreso”.
¿Qué busca el nuevo proyecto de ley?
De acuerdo con información conocida por W Radio, se logró acordar 23 modificaciones al texto, por lo cual la iniciativa legislativa podrá será radicada ante el Congreso el 20 de julio.
El proyecto propone un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y estructuras de crimen organizado que, en diálogo con el Gobierno, decidan acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia.
De acuerdo con el borrador, el objetivo central es abrir canales legales para facilitar la desmovilización, entrega de bienes, aportes a la verdad, liberación de menores reclutados y reparación a las víctimas. También se permitirá la inclusión de civiles que hayan financiado o colaborado con estas estructuras y de agentes del Estado implicados en sus actividades ilegales.
Nuevas reglas para la justicia: quiénes pueden acogerse y cómo
El proyecto establece que podrán someterse a este tratamiento penal especial:
- Integrantes de grupos armados organizados.
- Estructuras de crimen organizado.
- Reincidentes o excluidos de acuerdos anteriores, como disidentes de las Farc o miembros del Clan del Golfo.
- Terceros civiles y agentes del Estado que hayan colaborado con dichas organizaciones.
Para acceder al tratamiento especial, la persona debe suscribir un acta de acogimiento y cumplir con requisitos como dejar las armas, entregar bienes e información sobre la estructura criminal y participar en mecanismos de verdad y reparación. Tendrán 20 días para acogerse al sistema una vez sean individualizados por la Fiscalía.
Penas reducidas y beneficios: un sistema diferenciado según el rol
Uno de los puntos más polémicos y novedosos del proyecto es la aplicación de penas reducidas. Según el texto:
- De 5 a 8 años para dirigentes o responsables de crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos.
- De 2 a 5 años para integrantes sin capacidad de decisión implicados en delitos graves.
- Terminación anticipada para miembros responsables solo de pertenecer a la organización (como concierto para delinquir o rebelión).
También se permitirá conservar hasta el 12% de los bienes entregados de manera individual, una medida que ha generado debate en sectores académicos y de víctimas; y además propone un procedimiento especial para financiadores, colaboradores y beneficiarios de estas estructuras, que no hayan sido miembros directos.
Estos deberán cumplir condiciones como entregar bienes ilícitos, comprometerse a no delinquir y aportar a la verdad. Las penas para estos casos oscilarán entre 2 y 8 años, con posibilidad de una reducción del 50% si enfrentan otras investigaciones.
Bienes para la reparación y zonas especiales de reclusión
El articulado establece que los bienes entregados por los postulados serán destinados a la reparación individual y colectiva de las víctimas. Se podrá incluir “infraestructura comunitaria” como vías o centros de salud construidos por los grupos armados.
Estos bienes serán gestionados por Fonsecon y los Fondos Territoriales de Seguridad, en coordinación con las gobernaciones, autoridades locales, víctimas y entidades como la Unidad para las Víctimas.
Además, el Gobierno podrá habilitar zonas especiales de reclusión, como colonias agrícolas o casas de armonización étnica, para los condenados dentro de este sistema.
El Ministerio de Justicia considera que esta reforma representa “una oportunidad para resolver de forma estructural la presencia de actores armados ilegales en los territorios, con mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica para quienes se someten”.
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