Consejo de Estado admitió demanda contra el Gobierno por la intervención forzosa a la Nueva EPS

Una demanda que cuestiona la legalidad de la intervención forzosa a la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado. El alto tribunal, que ahora deberá estudiar a fondo el caso, ordenó notificar a la entidad intervenida y a su actual agente especial para que se pronuncien formalmente.

La acción judicial fue presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, que argumentó que la medida vulneró el derecho al debido proceso y respondió más a motivaciones políticas que a una verdadera urgencia en la operación del sistema de salud.

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La controversia se centró en la resolución que permitió al Gobierno tomar posesión administrativa de la EPS, una de las más grandes del país, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Según Ortiz Mancipe, “se afectó el derecho de defensa de la administración de la prestadora”, lo que, desde su perspectiva, vicia de nulidad el acto emitido por la Superintendencia.

La demanda también apunta directamente al presidente Gustavo Petro. A través del documento, el abogado aseguró que fue el propio mandatario quien habría solicitado la intervención “por motivos diferentes a los constitucional y legalmente permitidos”, basándose en publicaciones hechas por él mismo en su cuenta de X. “Para sustentar el argumento, debe señalarse que el primer mandatario escribió mensajes en redes sociales (específicamente a través de ‘X’) en lo que se demostraría que el presidente pidió la intervención administrativa de la EPS por motivos diferentes a los constitucional y legalmente permitidos”, se lee en el texto.

El litigio no es menor. En el fondo, lo que está en discusión es si el Gobierno utilizó su facultad de intervención para responder a una emergencia real dentro del sistema de salud o si, por el contrario, la medida obedeció a una reacción política tras el revés legislativo sufrido por la reforma que buscaba transformar el modelo de aseguramiento en el país.

Aunque la Superintendencia defendió en su momento la legalidad del procedimiento, los argumentos presentados por Ortiz Mancipe podrían abrir una puerta para revisar si, en efecto, hubo desviación de poder. Además, el caso guarda similitudes con la demanda que se presentó por la intervención a Sanitas, otra EPS que también ha cuestionado la forma en que el Ejecutivo ha ejercido sus facultades.

El 16 de julio, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección a la sede de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados. La diligencia se llevó a cabo tras el aumento sostenido de quejas, tutelas y el creciente volumen de cartera que mantiene la entidad con distintos prestadores de salud.

Durante la visita, los funcionarios revisaron documentos clave sobre facturación, contratos, estados financieros y cumplimiento operativo. El objetivo principal es establecer con claridad el estado actual de la entidad, tanto en lo financiero como en la calidad de la atención que ofrece a sus usuarios. La información recopilada será evaluada por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, junto con la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, y se espera un reporte con hallazgos en los próximos días.

Esta inspección hace parte de una serie de visitas a EPS programadas por el ente de control a lo largo de la semana. Dos días antes, el lunes 14 de julio, la Procuraduría también intervino la sede de Famisanar, donde detectó demoras en la entrega de medicamentos y múltiples barreras de acceso a servicios. Tras esa revisión, Famisanar anunció la ruptura de su contrato con Colsubsidio para la distribución de fármacos y la incorporación de nuevos operadores logísticos.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud informó el 15 de julio que cinco de las diez EPS con mayor número de quejas por cada 10.000 afiliados ya se encuentran intervenidas. En ese grupo figuran Nueva EPS, Sanitas, SOS, Savia Salud y Famisanar. El informe no incluye datos del sistema de salud del magisterio ni de las EPS indígenas.