Westcol podría ser arrestado y multado con 20 salarios mínimos si no cumple con fallo de la Corte Constitucional

El Juzgado Noveno Penal Municipal de Ibagué mantiene la atención sobre el caso de Luis Villa, conocido como WestCol, ante la incertidumbre acerca del cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional, que exige su participación en un curso pedagógico sobre derechos humanos y diversidad sexual enfocado en la población Lgbti+.

Esta situación deriva de un fallo en su contra por vulneraciones a los derechos fundamentales de este colectivo y actualmente podría acarrear serias sanciones, incluida la privación de la libertad, si no demuestra haber completado la capacitación requerida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso contra el influenciador tiene su origen en los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2022, cuando WestCol, a través de un video publicado en YouTube titulado “¿Y si mi hijo sale trans?”, realizó una serie de comentarios considerados por la justicia como violentos y discriminatorios.

En ese contenido, el influenciador llegó a declarar, entre otras frases, que empalaría a su hijo si se identificaba como trans, y afirmó que reaccionaría con violencia armada si un hombre gay visitaba su casa con su pareja. A pesar de que el video fue eliminado posteriormente por la propia plataforma por infringir las normas, logró un gran alcance y generó un espacio para la proliferación de mensajes que perpetuaban discursos discriminatorios.

Lo ocurrido motivó que el abogado y activista José Francisco Montufar presentara una acción de tutela ante la justicia, proceso que culminó en el máximo tribunal constitucional. En su fallo, la Corte Constitucional determinó que Luis Villa había vulnerado los derechos al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación de quienes pertenecen a la diversidad sexual y de género. Por tal motivo, impuso una serie de medidas orientadas a la reparación y a evitar la repetición de hechos similares.

Entre las acciones exigidas se encontraba la publicación de la sentencia en redes sociales, la emisión de disculpas públicas y la realización obligatoria de un curso pedagógico proporcionado por el Ministerio de Justicia sobre derechos humanos y diversidad sexual. El cumplimiento de WestCol ha sido parcial, aunque publicó una disculpa, lo hizo solo en Instagram y no en YouTube, plataforma inicial de la agresión. Además, no se ha presentado evidencia documental sobre su participación y aprobación del curso ordenado, lo que llevó a la reapertura del proceso por desacato a solicitud de Montufar.

De acuerdo con una entrevista con El Espectador, Montufar detalló que hace aproximadamente un año interpuso la primera solicitud de desacato, pero que esta no prosperó por considerarse entonces que existía un cumplimiento parcial del fallo. Según explicó, actualmente el curso pedagógico sigue sin ser acreditado ni ante el abogado accionante ni ante el juzgado, motivo por el cual el tribunal otorgó un plazo de tres días a WestCol para enviar el certificado de participación.

En caso de no hacerlo, la administración judicial podría decretar el desacato y sancionarlo con hasta seis meses de arresto y una multa de hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. El plazo vence hoy y el caso concentra las miradas jurídicas y de opinión pública.

Montufar, por su parte, resaltó que las consecuencias reales de los discursos de odio trascenderían incluso las sanciones administrativas y judiciales contra WestCol. Incluso, considera que el alcance de sus mensajes, a la luz de la cantidad de seguidores que posee, resulta especialmente grave, pues sus expresiones no solo generan daño simbólico, sino que, en ocasiones, pueden propiciar o justificar actos de violencia contra personas trans y otras identidades diversas. Como ejemplo, el activista trajo a colación el asesinato de Sara Millerey, alrededor del cual surgieron mensajes transfóbicos en redes que, además de justificar el crimen, contribuyeron a un clima social hostil.

El fenómeno de la violencia digital contra personas Lgbti+ —reforzado por insultos, amenazas, acoso y discursos discriminatorios en línea— va más allá de lo virtual, ay que las consecuencias afectan directamente la salud mental, la integración social y la participación pública de quienes sufren estos ataques. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Unesco advierten que estos discursos, amplificados por algoritmos, no solo incitan a la violencia directa sino que normalizan el desprecio social, especialmente entre las audiencias más jóvenes que siguen a influenciadores y creadores de contenido.

La Corte Constitucional fue crítica respecto al tono de las disculpas de WestCol, ya que, si bien publicó un video pidiendo perdón, insistió en justificar lo ocurrido bajo la premisa de “humor negro” y enmarcando sus afirmaciones como chistes. Según la sentencia, este enfoque trivializa la gravedad de los hechos y perpetúa estereotipos discriminatorios. Montufar coincide, puesto que resalta la ausencia de una comprensión real del daño causado y la falta de interés del influenciador en cumplir la sentencia en toda su extensión.

Otra preocupación expresada por el accionante apunta al cumplimiento efectivo de las medidas impuestas por el alto tribunal. Montufar insistió en que muchas veces estos fallos quedan en el papel y no se materializan en cambios de conducta, lo que resta fuerza a su función reparadora y preventiva. En su opinión, se requieren sanciones ejemplares y una mayor firmeza por parte de las autoridades para asegurar el respeto y resguardo de los derechos de las personas diversas, máxime cuando se trata de precedentes legales históricos como el presente, la primera vez que una alta corte colombiana aborda el fenómeno discriminatorio bajo un enfoque de diversidad sexual.

En paralelo al proceso de desacato, WestCol enfrenta además una denuncia civil y otra de carácter penal relacionada con el mismo acto. Está siendo investigado por el delito de injurias de hecho derivadas del video y, según información disponible, no ha comparecido a las citaciones judiciales ni mostrado disposición para alcanzar un acuerdo conciliatorio, solicitando reiteradas veces el aplazamiento de las audiencias programadas.