Alerta ambiental en Antioquia: un millón de abejas muertas por envenenamiento

Una nueva mortandad masiva de abejas encendió las alarmas entre productores, ambientalistas y autoridades sanitarias en Colombia.

El más reciente caso ocurrió en la vereda La Chaparrala, zona rural del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, donde aproximadamente un millón de abejas de la finca apícola de la familia Rojas perecieron presuntamente envenenadas, sumándose a una larga lista de pérdidas que pone en evidencia la fragilidad de estos polinizadores ante prácticas agrícolas contaminantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La finca afectada tiene un profundo significado histórico y ambiental para la región. Fundada en 1938, es considerada una de las pioneras en producción de miel en el país y ha pasado por cinco generaciones dedicadas a la apicultura. Además de la producción, sus propietarios, Anderson Rojas y su esposa Luisa, han impulsado durante los últimos ocho años un proyecto de educación ambiental que, apoyado en el turismo, busca sensibilizar a visitantes sobre la importancia vital de estos insectos en la polinización de cultivos y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, la familia Rojas combina la producción de miel con la conservación de abejas nativas y la meliponicultura. En su finca albergan un santuario con 21 especies, entre ellas la angelita, la paratrigonas, la nannotrigonas y la boca de sapo.

Estas variedades, a diferencia de la conocida Apis mellifera, no poseen aguijón y son clave para la polinización de cerca del 80% de las plantas, proceso que a su vez respalda la producción de la mayoría de alimentos de consumo humano.

La producción de miel de la finca se ha caracterizado por mantener estándares de calidad que contrastan con el panorama de adulteración de este alimento en el mercado. Mientras que los antepasados de Anderson extraían hasta 120 kilos de miel por colmena cada dos meses, hoy la familia limita la producción a unos 20 kilos anuales por colmena, buscando prácticas sostenibles y respetuosas con la salud de los enjambres.

En torno a la causa de la mortandad, las sospechas apuntan nuevamente al uso de agroquímicos. Cultivos cercanos de café y otros productos agrícolas coinciden con áreas de actividad apícola, y el uso de pesticidas sigue siendo una amenaza latente.

Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Humboldt, el país ha prohibido en los últimos años el uso de más de 190 productos químicos, incluido el fipronil, relacionado directamente con envenenamientos masivos de polinizadores. Sin embargo, investigaciones de universidades y asociaciones apícolas han advertido que muchos de estos insumos siguen empleándose, incluso bajo diferentes presentaciones químicas o mezclas.

En el ámbito nacional, la situación de las abejas preocupa desde hace años. Solo hasta 2021 se tenía registro de la muerte de más de 170.000 colmenas en el país. El impacto ambiental no es menor, pues además de la pérdida de abejas productoras, se pone en riesgo un equilibrio natural que afecta cultivos, ecosistemas y, a largo plazo, la seguridad alimentaria.

En 2023, el ICA ordenó restringir el uso de fipronil, pero el seguimiento a su comercialización y aplicación sigue siendo limitado. Organizaciones ambientalistas han estimado que la omisión de controles ha derivado en procesos judiciales millonarios contra el Estado por la muerte documentada de miles de millones de abejas.

Para la familia Rojas, esta no es la primera vez que enfrenta una situación similar. Hace cuatro años, otro episodio de envenenamiento acabó con un millón y medio de sus abejas. El nuevo incidente arrasó con 15 de las colmenas más antiguas del país, algunas con más de seis décadas de historia productiva. También amenaza el banco genético que esta familia ha logrado consolidar, donde se han fortalecido características de las abejas para hacerlas más resistentes a enfermedades y menos agresivas.

El Instituto Colombiano Agropecuario iniciará las investigaciones correspondientes para determinar las causas precisas de esta mortandad y establecer posibles responsabilidades. La familia afectada, entre tanto, insiste en la urgencia de que estas muertes no se conviertan en una cifra más y que se tomen medidas efectivas para sancionar a quienes incurran en malas prácticas agrícolas o usen sustancias prohibidas que comprometen la vida de millones de polinizadores.

Según el Instituto Humboldt, regiones como el Suroeste antioqueño se han considerado históricamente reservorios de biodiversidad de abejas nativas. Sin embargo, la expansión de monocultivos, la deforestación y el uso de pesticidas están reduciendo drásticamente su presencia en municipios como Támesis y Valparaíso, donde las poblaciones de polinizadores han caído alarmantemente.

Organizaciones de apicultores y defensores del medio ambiente insisten en que la protección de las abejas debe ser una prioridad para garantizar la estabilidad de ecosistemas agrícolas y frenar la pérdida de especies clave para la cadena alimentaria mundial. La familia Rojas, con décadas de tradición y esfuerzo, espera que el más reciente episodio sirva para abrir un debate más amplio y fortalecer los controles sobre el uso de sustancias tóxicas, que cada año dejan nuevas víctimas en los apiarios del país.