Como alias Juan Carlos es conocido un delincuente que debía cumplir una orden de arresto domiciliario, pero burlaba la vigilancia del Inpec retirándose el brazalete electrónico con aceite y cremas. Este hombre, según las autoridades, era el último eslabón de una red masiva de venta de drogas que operaba en los barrios Socorro, Roma y Casa Blanca de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.
Las investigaciones, que se extendieron durante 18 meses e incluyeron vigilancia nocturna, interceptaciones de llamadas y análisis de bases de datos, permitieron identificar la estructura jerárquica del grupo en el que participaba ‘Juan Carlos’.
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Alias Jeisson y “Alejandra” lideraban la banda, mientras que “Joselito” se encargaba de transportar la droga y distribuirla en viviendas para su dosificación. “Danna”, responsable de las finanzas, recolectaba el dinero y preparaba la mercancía desde su domicilio. En las calles, “Lorena” y “Tulas” realizaban las entregas; este último intimidaba a otros vendedores mediante amenazas y agresiones. Entre tanto, “Kimberly” y “Maicol” actuaban como jefes de zona, gestionando la distribución tanto por teléfono como a pie.
Todas estas personas formaban parte de un grupo criminal bautizada como Los de La Firma, responsable de controlar el tráfico de drogas en Kennedy. La organización delictiva, integrada por 12 personas (8 hombres y 4 mujeres), utilizaba la violencia para mantener su dominio y coordinaba sus actividades mediante teléfonos móviles.
Una insólita confesión reconocida desde una llamada telefónica
“Un disparo en la cabeza y Dios lo bendiga”, así relató alias ‘Juan Carlos’ el asesinato de Julián Andrés Peralta en 2024, según una comunicación interceptada por la Policía y difundida por la emisora Blu Radio. En el audio, el delincuente detalló cómo ejecutó a la víctima y la abandonó bajo un puente, mientras su cómplice le respondía que había “calentado la zona”. Este hecho, que revela la brutalidad de la estructura criminal, expone el funcionamiento interno de la red de microtráfico que operaba en el sur de Bogotá.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que alias Juan Carlos debía cumplir arresto domiciliario, pero burlaba la vigilancia del Inpec retirándose el brazalete electrónico con aceite y cremas, mencionó la citada emisora.
El centro de operaciones de la banda se ubicaba en parques y alrededores de colegios, donde se comercializaban marihuana, bazuco y base de cocaína. Todo el proceso se coordinaba a través de celulares, lo que facilitaba la logística y el control territorial.
“Logramos establecer que esta persona en unas comunicaciones que sostuvo hacía alusión que se aplicaba crema en una pierna muy seguramente para quitarse el brazalete y pues ellos aseguran que él no fue el partícipe, toda vez que, pues el brazalete le estaba pegando en la casa para el momento de los hechos. Pero con el análisis de los hechos y demás hizo la trazabilidad y establecimos que él salió de la casa, comete el hecho (asesinato) y retorna a la vivienda”, explicó un investigador del caso, citado por Blu Radio.
La investigación reveló que la banda utilizaba la intimidación y la violencia para consolidar su poder en la zona, recurriendo a asesinatos y amenazas para eliminar a rivales y asegurar el control del microtráfico.
¿Cómo funciona el brazalete?
El brazalete del Inpec, también llamado brazalete electrónico, es un dispositivo de vigilancia que se coloca en el tobillo del recluso para monitorear sus movimientos fuera del establecimiento carcelario. Funciona con tecnología GPS y GSM, y tiene una correa con fibra óptica que envía alertas si se intenta violentar su uso.
De acuerdo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el dispositivo envía señales constantes de ubicación vía GPS/GSM: si la correa se rompe o intenta retirarse, alerta al centro de monitoreo. Además, la central monitorea movimientos, paradas, velocidad, estado de batería y señal.
Según la Uspec, actualmente hay más de 5.000 dispositivos en uso para personas con prisión domiciliaria.
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