Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), cuestionó la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de prohibir las exportaciones de carbón a Israel. La medida, anunciada tras la declaración conjunta de 32 países miembros del Grupo de La Haya para frenar el envío de elementos logísticos a Israel, como armas, combustible y asistencia militar, generó reacciones en distintos sectores.
Díaz expresó que la determinación del Gobierno colombiano resulta equivocada, ya que Israel podrá abastecerse de este recurso esencial por medio de otros proveedores.
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“El presidente Petro ha insistido en la prohibición total de las exportaciones de carbón a Israel y creo que el presidente desconoce que el único perjudicado en esta situación puede ser Colombia, porque Israel muy seguramente va a conseguir carbón en otros países”, afirmó.
De igual manera, hizo una advertencia: "Esto puede terminar en una demanda contra el Estado colombiano, porque hay situaciones jurídicas consolidadas, contratos firmados que no se pueden desconocer". Asimismo, que “el Estado no puede desconocer esas situaciones y creo que, repito, en esta situación el único perjudicado puede resultar siendo Colombia”.
Quiénes son los afectados
El presidente de Analdex insistió en que “los únicos afectados fueron los colombianos, pues el vecino país logró lo que requería por medio de otras vías de suministro”.
De acuerdo con cifras de la Dian y el análisis de Analdex, las exportaciones de carbón colombiano superaron USD1.000 millones en 2022, descendieron a USD450 millones en 2023, y en 2024 la cifra se redujo a USD225 millones.
Petro pidió procesar por genocidio a administradores de las carboneras Glencore y Drummond
El presidente Gustavo Petro intensificó la controversia internacional sobre la exportación de carbón colombiano a Israel, tras la reciente declaración conjunta de 32 países miembros del Grupo de La Haya en Bogotá. En el documento, los Estados firmantes se comprometieron a frenar el envío de armas, combustible y asistencia militar a Israel, una medida que busca limitar el apoyo a lo que Petro califica como una “ocupación” en el territorio palestino.
La reunión de La Haya concluyó el miércoles 16 de julio de 2025 con el objetivo de revisar contratos públicos y fortalecer acciones que impidan cualquier respaldo material a Israel en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Tras el cierre del encuentro multilateral, el mandatario colombiano recurrió a sus redes sociales para lanzar un mensaje polémico contra las empresas carboneras que continúan exportando a Israel.
Petro recordó que firmó un decreto presidencial que prohíbe la exportación de carbón a territorio israelí, con el argumento de que este recurso se utiliza para fabricar bombas que, según sus palabras, “matan niños en Gaza”. En una publicación de X, el presidente señaló de manera explícita a Glencore, de origen suizo, y a Drummond, a la que vinculó con la muerte de sindicalistas en el Cesar, como las compañías que han decidido mantener los envíos de carbón a Israel pese a la normativa vigente.
“Hice un decreto presidencial prohibiendo la exportación de carbón a Israel porque se usa para hacer bombas que matan niños en Gaza. Las empresas Glencore, suiza, y Drummond, comprometida con la muerte de sindicalistas del Cesar, decidieron continuar la exportación”, escribió el primer mandatario en la red social.
La respuesta del gremio del carbón
El decreto citado por el jefe de Estado corresponde al 1047 de 2024, que establece la prohibición formal de exportar carbón colombiano a Israel. A pesar de esta restricción, la Federación Nacional de Productores de Carbón respondió a las declaraciones del presidente al decir que Israel ha recibido carbón de la costa norte de Colombia durante muchos años, sin interrupción, independientemente de la crisis actual en Medio Oriente, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa.
De igual manera, el presidente solicitó al pueblo suizo y a la justicia colombiana que procesen a los administradores de las empresas involucradas por la presunta “ayuda al genocidio”.
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