Subsidios de energía en Colombia podrían perderse por medida que tomaría el Gobierno Petro con norma que estaría errada

El Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera) se refirió al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas y Energía con el que se busca modificar el régimen tarifario del servicio público de energía eléctrica. Advirtió que el mismo no corrige los problemas existentes y tampoco introduce distorsiones innecesarias en la definición tarifaria a los usuarios del país.

Tras un análisis técnico de los diez artículos que componen la propuesta y luego de participar en las mesas convocadas por la cartera para dialogar sobre la misma, la organización dio a conocer observaciones en las que resaltó que varias de las medidas podrían implementarse de manera directa por medio del marco regulatorio existente sin necesidad de una ley, ya que estas generan duplicidad de funciones o desdibujan competencias clave entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Superintendencia de Servicios Públicos.

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Al respecto, la directora ejecutiva del Ceera, Ángela María Sarmiento, aseguró que no se ve en esta propuesta una solución que resuelva los problemas tarifarios actuales. “En su estado actual, el proyecto no es viable y no es oportuna su adopción. Existen medidas dentro del ámbito regulatorio que pueden y deben tomarse para mejorar el sistema sin distorsionar su arquitectura institucional”, explicó la experta.

El proyecto busca resolver problemas coyunturales relacionados con los saldos de opción tarifaría que afectan, sobre todo, a usuarios de bajos ingresos y el flujo de caja de algunas empresas que pueden poner en riesgo la prestación del servicio, así como la necesidad de hacer más eficiente la distribución de recursos de subsidios por errores de inclusión en el esquema de estratificación.

Sin embargo, para el centro de estudios los mecanismos propuestos desconocen realidades sociales de los usuarios que hoy pueden tener altos consumos o condiciones de movilidad habitacional, lo que los llevaría a ser castigados con pérdida del subsidio o incluso el pago de dobles aportes contributivos, lo que va en contra de las normas constitucionales.

Adicional a lo anterior, advirtió que la posible remuneración diferencial entre empresas (pública o privada) generan efectos regresivos e incentivan prácticas contrarias a la neutralidad tarifaría establecida en la Ley 142 de 1994.

Otra consideración que alarma al gremio tiene que ver con los cambios propuestos en la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), los cuales, lejos de fortalecer la pluralidad y participación ciudadana, reducen los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos a los comisionados.

Al respecto, manifestó que la inclusión de nuevos perfiles sin una justificación técnica clara puede afectar la calidad y estabilidad de las decisiones regulatorias, genera cargas presupuestales y no garantiza la ampliación de criterios que busca sea lograda en el cuerpo colegiado. Ante ello, se reiteró que la responsabilidad de señales para el abastecimiento energético del país debe conservar la mayor rigurosidad técnica. Asimismo, señaló que otras entidades del país del mismo nivel de responsabilidad tienen incluso mayores requisitos técnicos para escoger los directivos.

El Ceera también considera que existen alternativas para reducir saldos de opción tarifaría sin necesidad del proyecto de ley, por lo que propone avanzar en la implementación del artículo 272 de la Ley del PND 2022-2026, que incluye activar mecanismos de participación ciudadana y, sobre todo, continuar con la articulación y apoyo que lidera el Ministerio de Minas y Energía para que los proyectos de generación de energía logren entrar en operación, lo que con claridad disminuirá riesgos de desabastecimiento y adicionalmente tendrá efectos favorable en precios de la energía.

Frente a esto, ya se plantearon propuestas que permiten generar eficiencias en la formación de precios, incentivar la contratación y aumento de la competencia. Se considera que, por medio de la Creg y la articulación ministerial se pueden lograr los objetivos esperados.

Debido a ello, invitó a repensar el enfoque del proyecto de ley con base en evidencia técnica, diagnósticos actualizados y un entendimiento profundo de las dinámicas del mercado eléctrico colombiano.

“El país requiere soluciones para mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad del servicio de energía, pero estas pueden construirse respetando los principios de regulación técnica, institucionaidad e independencia”, concluyó la directora ejecutiva del Ceera, Ángela María Sarmiento.