
La alerta comenzó a encenderse en las estaciones de servicio del sur del Huila, Caquetá y Putumayo. A medida que avanzan los bloqueos por el paro arrocero, los camiones cisterna que transportan combustible desde Neiva tuvieron que frenar su ruta, generando retrasos críticos y el riesgo latente de un posible desabastecimiento en esta región del país.
En la práctica, el impacto ya se siente. La planta mayorista ubicada en Neiva, desde donde cada día salen unos 80 carrotanques hacia el sur del país, opera ahora a media marcha. El tránsito intermitente por los bloqueos paralizó buena parte de la distribución, según confirmó Luz Mila Moyano, directora ejecutiva de Combussur. “No han salido los carrotanques tanqueados de la planta mayorista. Primero, no hay cómo pasar; están dando solo una hora y es incómodo hacer fila durante dos horas sin saber si se va a poder cruzar. Además, con las altas temperaturas, un carro lleno de combustible representa un riesgo”, explicó.
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El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta la duración del inventario disponible en las estaciones de servicio. Según Moyano, “una estación tiene un inventario máximo para tres días”, por lo que la tensión crece cada hora. En muchos municipios del sur del país ya se evidencia una reducción en la movilidad. “No se está vendiendo combustible, el transporte está parado y todo el suministro se hace vía terrestre desde Neiva”, agregó.
A esta situación se suma un problema de confianza. En algunos municipios el suministro está frenado no por falta de combustible, sino por el temor a que se agote o a que el paro se extienda por tiempo indefinido. Esa incertidumbre, según los gremios del sector, agrava el impacto económico. Si la distribución tuviera que adaptarse y recurrir a otras rutas más extensas, los costos de flete se dispararían, afectando directamente al bolsillo del consumidor final.
La flota de transporte utilizada varía en capacidad, hay tractocamiones que pueden llevar hasta 10.000 galones, mientras que los carrotanques más pequeños transportan entre 4.500 y 6.000 galones. Esa flexibilidad, sin embargo, poco puede hacer si las condiciones de movilidad no mejoran.

En este contexto, el Consejo Gremial del Huila elevó una voz colectiva ante el Gobierno nacional. En una carta enviada al presidente Gustavo Petro el martes 15 de julio, el gremio empresarial del departamento, encabezado por la presidenta Nohora Ramírez de Leguízamo, solicitó la instalación “inmediata de una mesa de diálogo técnico y de alto nivel” para hacer frente a la crisis del sector arrocero.
La misiva, que representa al tejido agroindustrial y productivo de la región, advirtió sobre las consecuencias de los bloqueos que afectan vías estratégicas del país. “Estos cierres comprometen la movilidad, la productividad, el abastecimiento y la competitividad de los sectores productivos”, señaló la comunicación.
Más allá del combustible, el paro pone en jaque la operación de múltiples sectores. Desde el transporte de alimentos hasta la cadena de suministros del comercio, pasando por servicios básicos como salud o educación en zonas apartadas, todos dependen de la movilidad terrestre, y en regiones como Caquetá o Putumayo, las rutas son limitadas y vulnerables a este tipo de bloqueos.

Mientras tanto, los arroceros mantienen su posición firme. Exigen al Gobierno el cumplimiento de compromisos previamente pactados, como el ajuste en el precio del arroz paddy verde, medidas contra el contrabando y control sobre las importaciones desleales. La molestia creció tras conocerse que el Ministerio de Agricultura instaló una supuesta “Mesa Nacional del Arroz”, sin convocar —según los manifestantes— a los verdaderos voceros del paro.
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