Paloma Valencia pidió al secretario de Estado de Estados Unidos frenar renovación de la misión de la ONU en Colombia: “No se ha emitido ni una sola condena en firme contra los máximos comandantes de las Farc por crímenes de guerra”

La senadora colombiana Paloma Valencia dirigió una comunicación oficial al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando que el Gobierno norteamericano vote en contra de la renovación del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, cuya continuidad será debatida en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo mes de agosto.

La petición se sustenta en cuestionamientos sobre la efectividad de la justicia transicional y la gestión de recursos internacionales destinados a garantizar la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc-EP. Según Valencia, después de más de siete años de operaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aún no se han emitido condenas definitivas contra los antiguos comandantes del grupo armado, quienes continúan ejerciendo funciones políticas en el Congreso sin sanciones penales ni medidas restaurativas que satisfagan las expectativas de las víctimas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Después de siete años y medio de operaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a pesar de los cuantiosos recursos de cooperación internacional —incluyendo aportes canalizados a través del Instituto de Paz de los Estados Unidos (Usip)—, no se ha emitido ni una sola condena en firme contra los máximos comandantes de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad", señaló.

La senadora cuestiona la pertinencia de prolongar el trabajo de la misión internacional sin un balance exhaustivo de sus resultados. En su comunicación, hace referencia a recientes investigaciones periodísticas que revelan viajes de magistrados de la JEP a destinos nacionales e internacionales, financiados con recursos de cooperación.

Estos desplazamientos, en su mayoría autorizados por la presidencia de ese tribunal, incluyen visitas a hoteles de lujo en la región de Palomino y estancias en países como Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Para la parlamentaria, estos hechos evidencian presuntas irregularidades en el uso de fondos y contrastan con la falta de decisiones judiciales de fondo en casos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En el documento remitido al Gobierno estadounidense, Valencia también insiste en recordar que el plebiscito celebrado en 2016 resultó en una mayoría de votos contrarios al Acuerdo de Paz, decisión popular que fue revertida mediante ajustes legislativos que permitieron su implementación. Para la senadora, este antecedente refuerza la idea de que la justicia transicional carece de legitimidad democrática, sumada a su baja capacidad de respuesta frente a la reparación de víctimas y la sanción de responsables.

Otro punto central del llamado hecho a Washington se refiere a los efectos que, a juicio de la congresista, ha tenido la implementación del acuerdo. Entre los factores que señala se encuentran el crecimiento de los cultivos ilícitos, la expansión de redes criminales en zonas rurales, el incremento de ataques a líderes sociales y la supuesta influencia de gobiernos extranjeros, como los de Cuba y Venezuela, en la política interna de Colombia.

“Casi una década después del Acuerdo de La Habana, los resultados son profundamente preocupantes: más hectáreas de cultivos de coca, fortalecimiento territorial del crimen organizado, aumento de la violencia contra líderes sociales, grave deterioro de la seguridad y la influencia de las dictaduras cubana y venezolana en Colombia. Las víctimas siguen sin reparación, mientras sus victimarios viven en la impunidad y forman parte de la coalición de gobierno”. añadió.

Con estos argumentos, Valencia solicita a la administración estadounidense pronunciarse en contra de extender el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país y plantea la necesidad de exigir al Secretario General de Naciones Unidas un informe público y detallado que permita conocer avances reales, sanciones impuestas y medidas efectivas de reparación a las víctimas.

La carta de la senadora se conoce en un contexto de debate interno sobre los resultados de la justicia transicional y el futuro del proceso de paz, a pocos días de la sesión del Consejo de Seguridad que evaluará la continuidad de la misión internacional. Desde su creación, la Misión de Verificación de la ONU ha acompañado el desarme y la reincorporación de excombatientes, así como la supervisión de compromisos adquiridos por las partes firmantes del Acuerdo Final.

Hasta el momento, ni la Cancillería colombiana ni la representación de Estados Unidos ante Naciones Unidas se han pronunciado públicamente sobre la solicitud. Se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevas posiciones de los actores involucrados, mientras avanza la discusión internacional sobre el respaldo político y financiero al proceso de paz en Colombia.