“Bogotá se prepara para recibir un nuevo desplazamiento masivo, el tercero de esta administración, lo que nos permite reiterar nuestra preocupación ante las consecuencias del conflicto armado que sigue latente en las regiones”, afirmó Isabelita Mercado, consejera de paz de la capital colombiana, por medio de las cuentas oficiales de la Consejería de Paz de Bogotá.
La funcionaria se refirió así a la inminente llegada de quince familias desplazadas, compuestas por 49 personas, entre ellas, quince menores de edad, provenientes de La Guajira.
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El anuncio, realizado por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, pone de relieve la persistencia de la violencia y la crisis humanitaria que afecta a comunidades indígenas y campesinas en distintas regiones del país.
Según la información ofrecida por Mercado, la Procuraduría General de la Nación informó que estas familias denunciaron haber sido víctimas de amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Se trata, además, del tercer desplazamiento hacia Bogotá en un año y medio, lo que evidencia la continuidad de la problemática.

La llegada de los nuevos núcleos familiares, pertenecientes a las comunidades wayúu y arijunas, ha activado los protocolos de atención y protección por parte de las autoridades distritales.
La Consejería de Paz de Bogotá se comprometió a brindar albergue, atención y ayuda humanitaria inmediata a los menores y sus familias.
En palabras de Isabelita Mercado, la entidad adelantará la articulación interinstitucional necesaria para “caracterizar a la población y garantizar que accedan a la oferta del Distrito disponible”.
Esta labor implica coordinar con diferentes dependencias del gobierno local para asegurar que los recién llegados reciban atención médica, psicológica, educativa y alimentaria, así como orientación jurídica para el reconocimiento de sus derechos como víctimas del conflicto armado.
El proceso de recepción y atención a las familias desplazadas incluye la toma de declaración, el levantamiento de un censo y la elaboración de un informe de verificación de los hechos ocurridos.
Estas acciones, que se realizarán con el acompañamiento de la Procuraduría y la Personería de Bogotá, permitirán iniciar el proceso de valoración como víctimas ante la Unidad para las Víctimas.

La llegada de los desplazados está prevista para el jueves 17 de julio, fecha en la que se desplegarán los equipos de atención y verificación.
En los últimos años, la ciudad ha recibido a miles de personas que huyen de la violencia en sus territorios de origen. Un caso emblemático es el de los más de 500 indígenas que permanecen a un costado del Parque Nacional, provenientes de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja.
Estas comunidades, originarias de regiones azotadas por el conflicto, llevan al menos tres años en albergues en la capital, enfrentando condiciones precarias a pesar de los esfuerzos del Distrito.
La presencia de estas comunidades en el espacio público ha generado tensiones y desafíos para la administración local. Según relataron líderes indígenas a El Espectador, las respuestas del Gobierno han sido insuficientes, a pesar de que se ha logrado el retorno de algunas familias a sus lugares de origen.
La Alcaldía de Bogotá mantiene una presencia permanente en el Parque Nacional con equipos de la Secretaría de Gobierno, incluyendo las direcciones de Asuntos Étnicos, Diálogo Social y Derechos Humanos.

Estas instancias buscan mediar en los conflictos, garantizar la protección de los derechos fundamentales y ofrecer alternativas de atención y reubicación. El fenómeno del desplazamiento forzado en la capital se ha intensificado en los últimos meses.
La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación ha reiterado su compromiso con la atención a las víctimas y la entrega de Ayuda Humanitaria Inmediata. En un comunicado oficial, la entidad subrayó: “Bogotá se prepara en el marco de lo establecido en la ley para brindar los componentes de la ayuda y la asistencia humanitaria inmediata. Realizaremos la articulación interinstitucional para poder caracterizar la población y garantizar que accedan a la oferta del distrito disponible”.
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