El jueves 17 de julio, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) realiza un paro de 24 horas en Bogotá para exigir soluciones al colapso del sistema de salud del Fomag, exponer el descontento con la gestión de la Fiduprevisora y denunciar una presunta persecución institucional por parte de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
En respuesta, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, anunció descuentos salariales para ochocientos docentes de colegios públicos por participar en protestas durante el horario escolar, vulnerando acuerdos previamente establecidos con la asociación.
En ese sentido, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal rechazó el anuncio de la secretaria de Educación de Bogotá. “El conflicto no se resuelve con sanciones”, comentó en una publicación de su cuenta de X.
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“Como Representante a la Cámara por Bogotá y defensora de los derechos laborales, me solidarizo plenamente con el magisterio bogotano ante las amenazas de descuentos salariales por ejercer su legítimo derecho a la protesta”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en su mensaje.
La congresista María Fernanda Carrascal también cuestionó que se tomen medidas sancionatorias contra los educadores cuando sus reclamos apuntan a mejorar las condiciones del sistema educativo.
En su pronunciamiento, enfatizó que la protesta del magisterio no solo busca garantías laborales, sino también mejores condiciones para el acceso a la educación pública en la capital.
“Rechazo cualquier medida que criminalice o silencie la organización docente, especialmente cuando lo que se reclama es un sistema de salud digno, condiciones seguras de trabajo y respeto a la labor pedagógica. Las y los maestros de Bogotá no solo defienden sus derechos: defienden el derecho de millones de niños, niñas y adolescentes a una educación pública de calidad”, comentó la congresista perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.
La representante María Fernanda Carrascal también instó a las autoridades distritales a replantear su enfoque frente al conflicto con el magisterio. En su mensaje, hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá y a la Secretaría de Educación para que prioricen el diálogo y atiendan las exigencias de los docentes sin recurrir a medidas sancionatorias.
Según expresó, el camino para resolver el desacuerdo no pasa por la imposición de castigos, sino por el reconocimiento del papel fundamental que cumplen los maestros en la sociedad. “La dignidad docente se defiende”, concluyó la legisladora.
“Hago un llamado urgente a la Alcaldía Mayor de @Bogota y a @Educacionbogota a que escuchen al magisterio, reconozcan sus demandas y construyan salidas concertadas desde el diálogo y no desde la amenaza. El conflicto no se resuelve con sanciones ni descuentos, sino con voluntad política y respeto por quienes han hecho de su vida una lucha por el conocimiento, la niñez y la justicia social. ¡La dignidad docente se defiende!”, dijo.
El origen del desacuerdo gira en torno a un acuerdo firmado el 5 de mayo de 2025 entre la Secretaría de Educación y la Asociación Distrital de Educadores (ADE). En dicho compromiso, ambas partes establecieron que cualquier manifestación o jornada de movilización convocada por el sindicato debía llevarse a cabo por fuera del horario escolar, específicamente en las denominadas contrajornadas, con el propósito de no afectar el desarrollo académico de los alumnos.
Aunque la primera jornada de protesta se llevó a cabo conforme a lo pactado, en la segunda movilización —realizada el 11 de junio— se presentaron ausencias de maestros durante el tiempo de clases. Ante esta situación, la Secretaría de Educación de Bogotá argumentó que hubo una falta al compromiso previamente suscrito con el sindicato. “Lo que hemos decidido, y lo hemos conversado directamente con la ADE, es que hubo incumplimientos frente a un acuerdo alcanzado el pasado 5 de mayo, en el que se estableció que las convocatorias se realizarían en contrajornada”, afirmó la secretaria Isabel Segovia.
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