Fracasa primer intento de negociación entre el Gobierno y el sector de los arroceros: las regiones siguen bloqueadas

Lo que se preveía como el inicio de un proceso de concertación para desescalar la crisis del arroz en Colombia, terminó con un nuevo episodio de descontento por parte del gremio. La representación del sector arrocero decidió levantarse de la mesa de negociación instalada con el Gobierno nacional, argumentando la falta de condiciones mínimas para un diálogo efectivo.

La gota que colmó la paciencia de los líderes del paro fue la inasistencia de las ministras de Agricultura y Comercio, Industria y Turismo, Martha Carvajalino y Diana Marcela Morales, respectivamente, presencia se consideraba determinante para avanzar en compromisos concretos.

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Para los representantes del Comité Nacional Arrocero, la ausencia de las funcionarias no puede interpretarse como un simple contratiempo logístico. La decisión de posponerse la reunión de este calibre fue leída como una muestra de desinterés institucional hacia un conflicto que ya acumula pérdidas multimillonarias, paraliza regiones enteras y mantiene en vilo a más de 16.000 productores.

“Lo pactado era que aquí estaríamos sentados con la ministra Carvajalino, con la ministra de Comercio. Pero, resulta que ni vinieron, ni mandaron una explicación razonable. La presencia de funcionarios de segunda línea, con quienes ya hemos sostenido más de 28 reuniones sin ningún resultado concreto, no solo es una falta de respeto, sino una burla”, declaró Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria y vocero nacional del paro.

Durante su intervención, Gutiérrez fue enfático al leer un comunicado elaborado por consenso entre las delegaciones presentes, donde se responsabiliza al Gobierno de cualquier alteración del orden público derivada de la continuidad del paro.

“No fuimos nosotros quienes cerramos la puerta al diálogo, pero no podemos prestarnos a este juego de simulación institucional. El país debe entender que los productores de arroz están al borde de la quiebra, y lo único que hemos recibido son evasivas”, añadió.

Desde el Cesar hasta el Tolima, pasando por Casanare, Huila y Meta, los cultivos están paralizados, los tractores estacionados a la vera del asfalto, y los agricultores firmes en su decisión de no ceder mientras no se vean soluciones reales.

Uno de los puntos neurálgicos que mantiene al sector en pie de protesta es la caída del precio de la carga de arroz de 125 kilos, que descendió de $235.000 a $170.000 en cuestión de meses. La pérdida de $65.000 por carga representa un golpe devastador para miles de familias campesinas, en muchos casos endeudadas y sin posibilidad de recuperar los costos de producción. Según estimaciones gremiales, solo en el primer semestre se han perdido más de $297.000 millones, y las proyecciones hacia fin de año duplican esa cifra.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura reaccionó rápidamente mediante un comunicado público, en el que expresó su “pesar” por el retiro de los representantes del gremio y reiteró su disposición a continuar con el diálogo. En el texto se enumeran varias acciones emprendidas en las últimas semanas, entre ellas la apertura de una consulta pública sobre el precio del arroz paddy verde, la solicitud de salvaguardias arancelarias y la creación de una Mesa Nacional del Arroz con participación de diversos actores del sector.

“El Gobierno nacional extiende su disposición de diálogo, se mantiene en la mesa, y ratifica su voluntad de concretar medidas estructurales que permitan solucionar la crisis de los precios del arroz (...) El diálogo es la ruta”, se lee en parte del comunicado.

El Ministerio de Agricultura comunicó que mantiene firme su compromiso con el proceso, aunque, como advirtió el director de Dignidad Agropecuaria, reunirse en repetidas ocasiones con funcionarios que no tienen poder de decisión no resulta efectivo ni conduce a soluciones concretas: “Esto no avanza porque no arrancó el diálogo, desde el inicio que era con la ministra, que es la dueña del bate. Estamos casados de reunirnos, llevamos 28 reuniones con funcionarios que no resuelven nada”.