Exministros lanzaron fuerte advertencia sobre la crisis en salud y cuestionaron la estrategia del Gobierno Petro: “La historia juzgará este momento”

Un grupo de 17 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social de distintos gobiernos, incluidos nombres como Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Beatriz Londoño, publicó un contundente comunicado dirigido a la opinión pública y al Congreso, con el que alertan sobre el deterioro del sistema de salud, critican la falta de diálogo institucional por parte del Gobierno y advierten sobre el riesgo de colapso inminente si no se toman medidas urgentes.

Bajo el título “Por la salud de los colombianos: un llamado a la institucionalidad, al respeto y a la sensatez”, el pronunciamiento se da justo antes del inicio del nuevo periodo legislativo, en el que el Senado comenzará el análisis del Proyecto de Ley 410 de 2025, que contiene la controvertida propuesta de reforma a la salud promovida por el Gobierno nacional.

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Además de rechazar el contenido del proyecto, los firmantes denuncian con preocupación la intención del Ejecutivo de introducir cambios sustanciales mediante decretos reglamentarios, lo que califican como una amenaza a la democracia. “El intento de reformar el sistema mediante decreto, además de ser jurídicamente inviable, sienta un precedente peligroso para la democracia colombiana”, se lee en el documento.

En el comunicado, los exfuncionarios advierten que la crisis del sistema no es un asunto técnico menor, sino un problema que ya está afectando a millones de ciudadanos. Entre los síntomas más graves mencionan “citas diferidas, procedimientos cancelados, desabastecimiento de medicamentos, EPS en riesgo financiero, deudas del sistema superiores a los 10 billones de pesos y un déficit estructural de la UPC que supera el 16%”.

“El deterioro del sistema de salud real y profundo, producto de su desfinanciación deliberada, afecta hoy a millones de colombianos que enfrentan barreras de acceso, desabastecimiento de medicamentos y cierre de servicios”, afirma el grupo.

A su juicio, estos problemas no se resuelven con la reforma en trámite, ya que carece de aval fiscal, cronograma de transición y garantías de continuidad en los tratamientos.

Una parte central del comunicado está dedicada a defender la legalidad y el respeto por los procesos democráticos en la formulación de políticas públicas. En este sentido, los exministros se oponen a cualquier intento de eludir al Congreso a través de decretos o decisiones unilaterales del Ejecutivo.

“El respeto a la institucionalidad democrática no es negociable”, recalcan, y agregan: “Desconocer la división de poderes, sustituir funciones del legislador mediante decretos reglamentarios o ignorar fallos judiciales, constituye una amenaza al Estado de derecho”.

Además, exigen el cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional relacionados con el financiamiento suficiente del sistema y el pago de deudas acumuladas, recordando que estos mandatos “no pueden ser ignorados ni supeditados a los vaivenes fiscales o a las decisiones políticas”.

Con tono urgente, el comunicado insta al Congreso a actuar con responsabilidad histórica. El grupo pide audiencias públicas con expertos independientes, estudios de impacto fiscal certificados y un debate técnico sin presiones políticas.

“Les instamos a convocar audiencias públicas con expertos independientes, exigir estudios de impacto fiscal certificados, y garantizar un debate técnico que trascienda las presiones políticas del momento. La historia juzgará este momento. Quienes hoy toman decisiones sobre el sistema de salud serán recordados por proteger o destruir uno de los mayores logros sociales de Colombia”.

En este sentido, advierten que no hay reforma legítima sin participación real, ni bienestar sin respeto a los derechos. La solución, dicen, debe construirse sobre evidencia técnica y con un plan inmediato de estabilización mientras se define el rumbo estructural.

Más allá de rechazar la reforma gubernamental, el grupo propone medidas concretas de corto plazo. “La necesidad de un plan de salvamento inmediato es imperativa. Mientras se discuten reformas, el sistema requiere una inyección urgente de recursos y medidas de estabilización para evitar el colapso en los próximos meses”, subrayan.

Insisten, además, en que las decisiones no pueden tomarse con base en ideologías, sino en estudios actuariales y análisis rigurosos. Advierten que diluir responsabilidades, suprimir la UPC o regresar a esquemas de subsidio sin criterios técnicos puede significar un grave retroceso.

Por último, los exministros y exviceministros rechazan las agresiones verbales y la estigmatización de quienes expresan opiniones críticas frente a la reforma: “Rechazamos toda forma de agresión verbal, estigmatización o desinformación por parte de funcionarios públicos hacia senadores, pacientes, profesionales de la salud o ciudadanos que expresen argumentos críticos. La democracia exige debate, no ofensas ni descalificación”, concluyeron.