El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre el informe más reciente de la Contraloría General, que analiza la situación financiera del sistema de salud en Colombia.
En su publicación, el mandatario hizo referencia directa a los hallazgos del ente de control y sostuvo:
“Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel, ya no asegurador”.
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La discusión se dio luego de que la Contraloría revelara que ninguna de las EPS bajo medida de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los criterios de solvencia económica establecidos por la normativa vigente.
Una de las entidades citadas en el informe es la Nueva EPS, que, según lo reportado, no ha entregado sus estados financieros certificados correspondientes al año 2023, a pesar de contar con más de 11,5 millones de usuarios en el país.
El jefe de Estado, al referirse a la evolución de la deuda del sistema, señaló: “La deuda generada en estos últimos dos años no es de las EPS intervenidas; al contrario, ha disminuido si se descuenta la Nueva EPS; en cambio, las no intervenidas duplicaron la deuda solo en dos años”.
Estas afirmaciones hacen parte de un análisis más amplio del mandatario sobre el comportamiento de las entidades promotoras de salud frente a sus obligaciones financieras.
Uno de los puntos que también abordó el presidente tiene que ver con los montos adeudados por las EPS a las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Petro afirmó que la cifra reportada por la Contraloría, que se sitúa en torno a los 33 billones de pesos, no representa el total acumulado. En su concepto, el cálculo debería considerar variables económicas que permitan ajustar los valores a pesos constantes del año en curso.
En este sentido, declaró: “Si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS al día de hoy, en valor de pesos del año 2025 —ejercicio económico que no se ha hecho, porque han faltado economistas buenos en Minsalud o porque no han querido tenerlos, sino algunos proclives a esconder la verdad— y no se ha querido medir esta cantidad, que ante la Corte se debe presentar para que se conozca la verdad, la deuda ascendería a más de 100 billones de pesos”.
Estas declaraciones se producen en un contexto en el que persisten los debates sobre el futuro del sistema de salud colombiano, y particularmente sobre el papel que deben cumplir las EPS en un eventual rediseño institucional.
La propuesta de reforma a la salud presentada por el Ejecutivo ha sido uno de los ejes centrales de la discusión legislativa en el actual periodo.
El informe de la Contraloría indica que el sistema enfrenta dificultades estructurales. Según el documento, las entidades que se encuentran bajo intervención de la Superintendencia no cumplen con las condiciones requeridas de capital mínimo, patrimonio adecuado ni reservas técnicas.
Además, se advierte que la mayoría de las EPS activas presentan problemas de liquidez, lo cual compromete su capacidad para responder a sus compromisos de corto plazo.
La postura expresada por Petro en la red social hace parte de una serie de intervenciones recientes en las que ha cuestionado las condiciones del modelo vigente. También ha señalado la necesidad de implementar un nuevo marco legal que permita redefinir el rol de las EPS dentro del sistema de aseguramiento en salud.
Dentro de su planteamiento, el mandatario sugiere que la reforma sería el mecanismo adecuado para dar un giro al modelo actual. Sin embargo, en ausencia de una modificación normativa, considera que una intervención estructural del sistema sería una vía legítima en aplicación de las disposiciones constitucionales.
En el ámbito judicial, el Gobierno ha manifestado su intención de presentar ante la Corte Constitucional información detallada sobre la deuda total del sistema, incluyendo cálculos ajustados por inflación.
Según lo expresado por el presidente, este ejercicio económico no ha sido realizado hasta el momento, lo que, en su concepto, impide conocer con precisión la magnitud de los compromisos acumulados por las EPS a lo largo de los años.
El pronunciamiento de Petro se suma a las tensiones existentes entre el Gobierno y diferentes actores del sistema de salud, en medio del debate por el futuro del modelo de aseguramiento, la sostenibilidad financiera y la viabilidad de las reformas propuestas.
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