El principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría traído consigo la confesión sobre la aparente vinculación de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta con el direccionamiento de un contrato de $2.125 millones a favor de contratistas de su círculo cercano.
De acuerdo con información consignada en acuerdos de colaboración judicial, citada por Semana, la senadora Martha Peralta Epieyú, representante de La Guajira por el Pacto Histórico, aparece citada por Olmedo López como promotora de la entrega de un contrato millonario para el mantenimiento de jagüeyes —pozos destinados a la recolección de agua— en su departamento.
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La polémica en torno a la congresista suma relevancia, en especial por el contraste entre los graves señalamientos sobre el uso de recursos públicos y su reciente presencia pública —incluidos viajes a París—, que han captado la atención mediática ante la crisis de transparencia y recursos en la guajira.
El monto asignado por la Ungrd alcanza los $2.125’670.373,75, recursos que, según las investigaciones, fueron adjudicados por petición directa de Peralta Epieyú.
El documento judicial, al que tuvo acceso el mencionado medio, describe una reunión en septiembre de 2023 entre la senadora y los contratistas Isaac Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, dueños de maquinaria amarilla en La Guajira.
Allí, señala la declaración de López, Peralta le solicitó gestionar la entrega del contrato.
“Durante septiembre de 2023, sostuvo una reunión en las instalaciones de la Ungrd con la senadora Martha Peralta Epieyú y los particulares Issa Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, propietarios de maquinaria amarilla, en donde le solicitó tramitar un negocio jurídico a cargo de la entidad para el mantenimiento de jagüeyes”, expone el escrito.
De acuerdo al mismo testimonio, el objetivo era beneficiar a los mencionados particulares, a quienes finalmente se adjudicó la obra.
“La ejecución requiere el empleo de maquinaria amarilla, el cual debía ser direccionado y adjudicado a Isaac Francisco Rizcala y Jorge Rizcala, como en efecto ocurrió”, agregó el documento obtenido por el medio nacional.
El procedimiento precisó los pasos: el entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, gestionó y aprobó la Orden de Proveeduría SMD-GS-MQ-189-2023, fechada el 25 de octubre de 2023, bajo la coordinación de Peralta Epieyú y por un valor total de $2.125’670.373,75.
Según el relato de López, la documentación fue elaborada por Daniela Mora, revisada por Juan Camilo Llanos y firmada por Víctor Andrés Meza bajo el plan de inversiones de la entidad.
El acto contractual, que buscaba recuperar y arreglar 1.670 jagüeyes en la región, no logró cumplir su cometido, aunque los fondos sí se habrían adjudicado, reitera el exdirector en las diligencias judiciales.
El caso se vincularía al más amplio escándalo de desfalco en la entidad, donde las promesas de inversión para atender la emergencia hídrica en La Guajira derivaron en investigaciones por corrupción y direccionamiento irregular de recursos.
La senadora Martha Peralta Epieyú declinó dar declaraciones sobre el tema al ser consultada por Semana, y se limitó a señalar que se trata de denuncias previas y que prefiere mantener respeto por el proceso legal en curso.
La relación con el caso de la Ungrd
Este episodio forma parte del voluminoso expediente revelado tras los acuerdos de colaboración alcanzados por Olmedo López y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, donde detallan el modus operandi de la entrega de contratos a diferentes figuras políticas y la supuesta utilización de la entidad para favorecer a particulares cercanos.
Mientras tanto, Olmedo López busca una oportunidad con la justicia, luego de “ofrecer disculpas públicas por el daño causado”. Esta es una de las medidas simbólicas que Olmedo López incluyó en su acuerdo con la justicia.
El exdirector de la Ungrd, protagonista del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, se comprometió a pedir perdón tanto en audiencias judiciales como mediante una carta y un video dirigido a las víctimas y a la sociedad.
Esta promesa forma parte del principio de oportunidad firmado con la Fiscalía, que busca no solo su colaboración como testigo, sino también una reparación material y simbólica para las comunidades de La Guajira afectadas por el multimillonario desfalco a la entidad.
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