
No paran las dudas sobre un misterioso vuelo con fecha del 19 de junio, desde Bogotá hacia Valledupar, en el que estuvo la ahora polémica asesora del Ministerio del Interior y la Presidencia, Juliana Guerrero Jiménez.
Según la bitácora de vuelo difundida por Noticias Uno, el avión que transportó a Guerrero Jiménez aterrizó en Valledupar a las 11:42 p. m., solicitó combustible y permaneció en el aeropuerto hasta las 6:25 a. m. del día siguiente. Partió nuevamente rumbo a Bogotá, sin que en el registro quedaran claros los motivos del viaje, la tripulación ni la identidad de los pasajeros ni la carga.
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Este episodio, que involucra a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, reavivó las críticas sobre el uso de aeronaves oficiales para movilizar personal vinculado al Gobierno o incluso con vínculos privados.
Frente a la polémica, la institución policial entregó detalles de lo ocurrido durante los dos recorridos que no dejaron rastro ante las autoridades aeronáuticas.

A través de declaraciones entregadas al diario El Tiempo, una fuente de la Policía reiteró que su función consiste únicamente en verificar antecedentes judiciales de quienes abordan los vuelos y garantizar que no porten armas ni sustancias ilícitas.
“En el marco del convenio que existe entre las dos entidades, el Ministerio del Interior hace la solicitud del vuelo y envía a la Policía el listado de los pasajeros. La Policía solo hace la revisión de antecedentes de las personas que vayan a abordar para determinar que no tengan antecedentes pendientes. También se les hace su respectiva requisa para establecer que no se lleve armas o drogas”, señaló la fuente consultada por el medio.
Además, recalcó que los motivos de los viajes y las personas que allí se desplacen deben ser entregados únicamente a la cartera que solicite el desplazamiento aéreo.
“El funcionario del Ministerio del Interior que solicita el viaje debe especificarle a esa cartera los motivos del desplazamiento, no a la Policía”, concluyó el consultado.

Entretanto, esta es la segunda vez en menos de dos meses que la institución policial se ve envuelta en un escándalo relacionado con los desplazamientos aéreos en aviones oficiales.
El 21 de mayo, un grupo de influenciadores fue trasladado por aire hasta Barranquilla para asistir a un acto del presidente Gustavo Petro, lo que también suscitó cuestionamientos acerca del uso de recursos públicos para fines controvertidos.
La polémica se desata después de que se conociera que Juliana Guerrero Jiménez, actual coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior, viajó junto a su hermana Verónica Guerrero, ambas originarias de Codazzi (Cesar), con destino a Valledupar en el avión de la Policía. Las primeras informaciones apuntaban a que el traslado habría obedecido a un compromiso de índole personal, sin información oficial brindada sobre el objetivo concreto de la misión.
Desde el Ministerio del Interior, voceros oficiales informaron a El Tiempo que el desplazamiento de Guerrero Jiménez se realizó conforme a lo establecido en un convenio entre esa entidad y la Policía Nacional, acuerdo que se mantiene en vigor desde hace más de doce años.
Además, Gustavo Petro abordó el tema durante una alocución oficial en la que reconoció el episodio y se refirió a las críticas recibidas por el desplazamiento de la funcionaria.
“(...) Y entonces critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia, porque va en un avión y no critican los miembros de la prensa que todos los días salen aviones en Colombia pagos con el dinero público a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad de los dueños de las EPS”, señaló el jefe de Estado.
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