En la noche del martes 15 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, llevó a cabo una nueva alocución presidencial que se transmitió por todos los canales de la televisión colombiana, donde el tema central fueron las presuntas irregularidades en la administración de los recursos que le gira el Gobierno a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) para que garanticen sus servicios a la ciudadanía.
Según denunció el jefe de Estado esas entidades se están robando el dinero y para el 2024 el desfalco era de 2,71 billones de pesos, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República y de cifras del Ministerio de Salud que presentó en su intervención.
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En ese aparte de sus declaraciones ante la Nación, Petro reprochó que en la Fiscalía General de la Nación no se hubiera iniciado una indagación por esos hechos, donde, según él, las EPS reportaron menos ingresos que los que le habían asignado desde el Estado, y recordó que por menos procesaron penalmente a su antiguo aliado político Olmedo López a quien designó al inicio de su administración como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“Tiramos 87 casi 88 [billones], ¿a dónde se va a parar la plata? La diferencia ahí nomas da 2,71 billones que no aparecen. El vagabundo del señor Olmedo [López], vampiro de los pobres, y traidor del progresismo y del pueblo de Colombia, se tumbó 26.000 millones. Pongamos matemáticas, aquí se tumbaron el mismo año 2,71 billones. Y no hay proceso judicial. Esto debe ser denunciado, superintendente [de salud] a la justicia a la Fiscalía, esto es un crimen de lesa humanidad”, afirmó.
López tuvo que dejar su cargo tras el escándalo de corrupción sal frente de ese organismo, luego de que fuera procesado penalmente por, presuntamente, haber desviado fondos con el objetivo de sobornar congresistas para que aceleraran los trámites de las reformas sociales que impulsa Petro en el Congreso.
A propósito del proceso alrededor de los desfalcos en la Ungrd, el lunes los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analizaron si el material probatorio reunido resultaba suficiente para enjuiciar a Iván Name y Andrés Calle, otrora presidentes del Senado y la Cámara de representantes respectivamente.
Ambos permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota desde mayo de 2025, acusados de cohecho y peculado por apropiación. Por estos delitos, podrían recibir penas de entre tres y seis años de prisión por cohecho, y de cuatro a diez años por peculado por apropiación.
La investigación, liderada por la Corte Suprema y basada en testimonios recabados por la Fiscalía General de la Nación, señaló que los congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos a cambio de influir políticamente en sus corporaciones para facilitar la aprobación de las reformas a la salud, pensional y laboral impulsadas por el Gobierno nacional.
Las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exfuncionario de la misma entidad, resultaron determinantes para vincular a Name y Calle como beneficiarios de los sobornos.
En el caso de Iván Name, senador del Partido Verde, la investigación apuntó a un presunto pago de 3.000 millones de pesos que habría recibido de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.
Este dinero, de acuerdo con la Corte, se habría entregado a cambio de tramitar las reformas del Gobierno y facilitar la elección de Vladímir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. El testimonio de Pinilla indica que él mismo entregó el dinero a Name en su apartamento, ubicado en un sector exclusivo al norte de Bogotá.
Por su parte, Andrés Calle, representante del Partido Liberal, habría recibido 1.000 millones de pesos provenientes de un contrato de la Ungrd destinado a fortalecer el abastecimiento de agua en La Guajira. De ese mismo contrato habría salido el dinero entregado a Name.
Calle habría aceptado la suma a cambio de permitir el avance de las principales reformas del Gobierno en la corporación que presidía. Pinilla también habría actuado como intermediario en la entrega del dinero a Calle.
A pesar de los testimonios y documentos presentados, tanto Name como Calle negaron los hechos y sostienen que las acusaciones se basan en declaraciones falsas.
La decisión final sobre la apertura de un juicio formal o el archivo de los procesos quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe valorar la solidez del material probatorio reunido.
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