
En medio de las tensiones políticas y jurídicas que rodean la reforma pensional, el saliente presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, se pronunció públicamente sobre los cuestionamientos al trámite legislativo del proyecto y explicó las razones por las que, a su juicio, la reforma fue debatida bajo parámetros legales y constitucionales.
Sus declaraciones surgen mientras la Corte Constitucional mantiene detenido el proceso de revisión del proyecto; y tras el rechazo del alto tribunal a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que sugirió la existencia de un supuesto plan para frenar la reforma.
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Durante una declaración a los medios de comunicación, Salamanca afirmó que desde hace varias semanas se trabaja en la elaboración de las actas correspondientes a las sesiones en las que se discutió la reforma pensional, con el fin de adjuntarlas al informe que debe enviarse a la Corte Constitucional para la revisión de constitucionalidad del proyecto.
“Bueno, llevamos ya varias semanas en esa tarea, ha sido retador toda vez que, además del acta necesaria para poder adjuntar al informe que se remite a la honorable Corte Constitucional, se tiene o se ha venido trabajando por parte de la Secretaría General en las actas de las sesiones que les comentaba en nuestra revisión de cuentas”, explicó el congresista.

Salamanca justificó la demora argumentando que la Cámara ha sesionado más que en los últimos ocho años, lo que ha generado acumulación de trabajo administrativo. Sin embargo, afirmó que esperan culminar esta semana con la remisión del informe, sustentado en tres aspectos clave: la legalidad del decreto presidencial de convocatoria, la formalidad del anuncio del proyecto, y la amplitud del debate.
“Esta semana esperamos ya tener todo listo para poder remitir a la Corte Constitucional el informe, básicamente sustentando, uno, que la convocatoria se dio bajo la presunción de legalidad en un decreto presidencial con fuerza constitucional que no podía la Cámara de Representantes dejar de acatar”, indicó.
Agregó además que “se citó a una sesión para anunciar el proyecto y que el anuncio se hizo con quórum deliberatorio en el marco de lo que la ley y la Constitución ha previsto como una sesión formal de la Cámara de Representantes”.
Por último, recalcó que la plenaria en la que se debatió la reforma fue amplia y democrática. “En la plenaria, una plenaria que fue amplia, democrática, en donde participaron la mayoría de los partidos presentes, si no todos, sin límite de tiempo, y dando un debate sobre lo sustancial de la reforma pensional, se espera que la Corte entienda que ese vicio de procedimiento que se dio en el pasado fue suplido por las discusiones que vimos en la plenaria de la Cámara”, concluyó.
Apoyo a una nueva presidencia y ruptura de acuerdos
Además de referirse al trámite legislativo de la reforma, Salamanca anunció su respaldo al congresista Julián López, del Partido de la U, como aspirante a la presidencia de la Cámara para el nuevo período legislativo.
“Esperemos que bajo su batuta, si es la decisión de la plenaria que así se dé la elección, pues pueda hacer un trabajo mucho mejor incluso que el que nosotros hicimos”, afirmó Salamanca.
Consultado sobre los acuerdos políticos pactados hace tres años para la rotación de la presidencia en la Cámara, el saliente presidente indicó que la situación ha cambiado debido a la reconfiguración de posturas partidistas.

“Esos acuerdos, mi lectura, es que se dieron cuando Cambio Radical era un partido que estaba en Independencia y hoy está declarado en oposición. Creo que eso nos hace a varios tener que repensar precisamente lo inicialmente pactado”, expresó.
Finalmente, defendió su gestión señalando que brindó garantías a todos los sectores políticos durante su presidencia. “Yo creo que la oposición no se puede quejar de una Presidencia que fue garantista a más no poder. (...) Las leyes incluso que se tramitaron, no tuvieron distingo de derechas o izquierdas o cualquier otra orientación política”.
Con este panorama, la instalación del nuevo Congreso el 20 de julio se dará en un clima marcado por el debate jurídico sobre la reforma pensional y la reorganización de fuerzas políticas en la Cámara de Representantes.
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