Crisis de seguridad en Bogotá: solicitan indagación previa contra la gestión distrital del secretario César Restrepo

La Personería de Bogotá y la Contraloría Distrital documentaron deficiencias estructurales en la administración de recursos, la operatividad policial y la cobertura tecnológica, por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, bajo la responsabilidad de César Restrepo, que además está enfrentando una indagación previa tras una serie de hallazgos por parte de los organismos de control.

Entre 2022 y 2024, la Contraloría Distrital identificó que la Secretaría de Seguridad celebró tres contratos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por más de 15.500 millones de pesos. El objetivo era fortalecer los frentes de seguridad ciudadana mediante la entrega de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y estaciones de monitoreo.

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Sin embargo, solo 100 grupos ciudadanos recibieron estos equipos, lo que representó apenas el 12,5% de la meta de 800. Además, los dispositivos no permanecieron en manos de la comunidad, sino que fueron devueltos al finalizar los contratos, eliminando cualquier capacidad instalada en los barrios.

“La ciudad está completamente expuesta. Hay una desconexión total entre la millonaria inversión y los resultados reales en seguridad. Es hora de asumir responsabilidades y exigir cambios profundos”, sentenció el concejal Julián Uscátegui al referirse a la crisis de seguridad en Bogotá, que igualmente hizo pública la solicitud de investigación que está bajo la responsabilidad de la Personería Distrital de Bogotá.

La Contraloría calificó como “críticas” las fallas en la planeación contractual, señalando la ausencia de estudios de mercado, posibles sobrecostos y hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos. También advirtió sobre la falta de sostenibilidad de los proyectos, ya que los dispositivos tecnológicos no fueron transferidos ni al distrito ni a la ciudadanía.

"Se gastaron miles de millones, pero los resultados son irrisorios. Y lo peor: los equipos no quedaron en manos de la comunidad, sino que fueron devueltos al final de los contratos. Un desperdicio total de recursos públicos”, sumó Uscétegui.

El déficit de personal policial agrava la situación. Según la Personería de Bogotá, la ciudad cuenta con 15.865 efectivos, la cifra más baja en 12 años. El estándar internacional recomienda un policía por cada 300 habitantes, pero en Bogotá la proporción es de uno por cada 506 habitantes, lo que genera un déficit de más de 10.000 uniformados y representa solo el 65% del estándar internacional. Las localidades más afectadas son Suba, Kennedy y Bosa.

El informe de la Personería concluye que el déficit crecerá hasta 10.180 efectivos en 2025, equivalente al 60,5% respecto al estándar recomendado por la ONU. Esta carencia compromete la capacidad de respuesta ante emergencias y la confianza ciudadana en las autoridades.

La Personería, en respuesta a la solicitud de investigación del concejal Uscátegui, realizó visitas administrativas a 19 estaciones de policía para verificar el estado del parque automotor entregado en comodato por la Secretaría de Seguridad.

El informe reveló que la Policía Metropolitana de Bogotá dispone de 6.305 vehículos, de los cuales 4.631 fueron entregados por la secretaría. De estos, 1.028 (22,2%) se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento, ausencia de revisión técnico-mecánica, hurtos, siniestros o custodia judicial.

Además, 665 vehículos y motocicletas carecen de revisión técnico-mecánica, lo que representa el 14% del total entregado e impide su uso operativo. En algunas estaciones, la operatividad automotriz se reduce a cerca del 50 %, afectando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Como resultado de la alerta emitida, la Secretaría Distrital de Seguridad aceleró la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas de la Policía Metropolitana y redujo los tiempos en los talleres. No obstante, la Personería identificó que el inadecuado servicio de mantenimiento, responsabilidad de la Secretaría, sigue generando dificultades en las estaciones de policía.

En materia de tecnología, Bogotá dispone de más de 10.900 cámaras de videovigilancia, pero solo el 27% del espacio público está cubierto. De las más de 15.000 cámaras privadas en copropiedades, apenas el 19,15% están conectadas al centro de monitoreo C4, lo que limita el alcance de los sistemas de prevención y reacción ante el delito.

La Personería adelanta una Acción de Prevención y Control a la Función Pública denominada “Parque Automotor de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.”, cuyo objetivo es vigilar el ejercicio eficiente de las funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad, especialmente en lo relacionado con la seguridad ciudadana.

Este proceso, iniciado en marzo, busca diagnosticar el estado del parque automotor, identificar falencias operativas y evaluar los recursos destinados para su funcionamiento. Una vez finalizado, se informarán las observaciones a la administración distrital.

En cuanto al incremento del pie de fuerza, la meta del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027” plantea aumentar en 2.000 efectivos el personal policial mediante un acuerdo de cooperación entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capital.

Sin embargo, la Personería advierte que esta meta carece de un marco normativo claro y de concertación con las autoridades nacionales, lo que ha dificultado su implementación y evidencia falta de planificación y coordinación. La Secretaría de Seguridad contempla replantear la meta para definir la destinación exacta de los recursos disponibles.

Con base en los informes, la Personería trasladó los hallazgos a la Secretaría Común para la Potestad Disciplinaria, mediante los oficios correspondientes, para que se adelanten las diligencias necesarias y se determine si los sujetos vigilados incurrieron en faltas disciplinarias.

El documento incluye anexos con los informes de control de advertencia sobre el parque automotor, el informe de acción de prevención y control sobre el pie de fuerza, y los oficios de traslado disciplinario. La elaboración y revisión del documento estuvo a cargo de asesores y personeros delegados para el sector de seguridad y la función pública.