Cámaras de Comercio están en la mira del Gobierno Petro por la gestión de más de $18.000 millones

El 16 de julio se conoció que la Superintendencia de Sociedades, entidad que lidera Billy Escobar, abrió un proceso administrativo para examinar el manejo de los recursos que recibe la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) por la gestión del Registro de Garantías Mobiliarias que involucra la solicitud y análisis de información financiera, contable, administrativa, económica y jurídica, pone bajo la lupa ingresos anuales cercanos a los $18.000 millones que recibe la organización por esta función.

La actuación de la Superintendencia de Sociedades no es un hecho aislado. El 25 de octubre de 2024, la Contraloría General de la República ordenó incluir a Confecámaras como sujeto de control fiscal, con el argumento de que los recursos derivados del Registro de Garantías Mobiliarias tienen naturaleza pública.

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En palabras del organismo de control, “como quiera que los recursos que percibe Confecámaras, como responsable de llevar el Registro de Garantías Mobiliarias, son de naturaleza pública, es procedente el control fiscal de la Contraloría General de la República sobre dichos recursos”, según consta en la resolución oficial. La decisión refuerza la postura de que los fondos administrados por la confederación deben estar sujetos a vigilancia estatal, una interpretación que ha generado inquietud en el gremio y ha motivado la reacción de la entidad.

El Registro de Garantías Mobiliarias fue asignado a Confecámaras por la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para micro y macro empresas en Colombia. La función, que implica la administración de información clave para el sector empresarial, representa una fuente importante de ingresos para la Confederación. La investigación sobre la gestión de estos recursos constituye el principal motivo de la intervención de los entes de control.

La más reciente solicitud de información de la Superintendencia de Sociedades se hizo en junio de 2025, por medio de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio. En el comunicado oficial, la entidad precisó que “solicitará, confirmará y analizará, en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiera sobre la situación contable, financiera, administrativa, económica y jurídica de esa Confederación". La actuación administrativa busca ejercer vigilancia sobre la gestión de los recursos y determinar si existen irregularidades en su administración.

La reacción de Confecámaras, gremio que lidera Julián Domínguez, fue contundente. En el documento enviado a la Superintendencia de Sociedades, esta cuestionó la legalidad de la actuación y sostuvo que “no hay ley que haya asignado funciones respecto de las federaciones o confederaciones de cámaras de comercio”.

Además, advirtió que “las funciones a cargo de la Superintendencia de Sociedades respecto de las federaciones o confederaciones de cámaras de comercio necesariamente deben ser las ‘asignadas por la ley’. Y se reitera, NO hay Ley que haya asignado funciones respecto de las federaciones o confederaciones”, enfatizó la organización.

Dicha postura se fundamenta en la interpretación de la normativa vigente, que, según la Confederación, no otorga competencia a la Superintendencia para ejercer inspección, vigilancia o control sobre su gestión.

A pesar de su desacuerdo con la actuación de la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras entregó más de 900 páginas de documentación, en los que incluyó estados financieros de los últimos tres años, actas de aprobación presupuestal, políticas contables, informes de auditoría y manuales internos. Dejó claro que esta entrega se efectuó por prevención y no como reconocimiento de competencia alguna de la entidad estatal. En palabras del gremio, “Confecámaras SÍ está entregando la información y documentos solicitados a pesar de que quien se la pide carece de competencia”, puntualizó el documento.

La controversia se intensifica con la posición de Confecámaras respecto a la naturaleza de los recursos derivados del Registro de Garantías Mobiliarias. La organización sostiene que estos fondos tienen carácter privado y, por tanto, no están sujetos a vigilancia ni control de entidades estatales. Además, advirtió que “la información que ellos contienen no puede ser divulgada por la Entidad requirente y con mayor razón si la Superintendencia de Sociedades la ha solicitado y adquirido por fuera de sus competencias constitucionales y legales”, según consta en el documento remitido a la autoridad de supervisión.

La inclusión de Confecámaras como sujeto de control fiscal por la Contraloría General de la República generó inquietud dentro de las cámaras de comercio. Las actuaciones preocupan en el gremio, en especial, por la forma en que se gestionan los recursos y la posibilidad de que se establezca un precedente en la relación entre entidades privadas con funciones registrales y los entes de control del Estado.

El proceso de revisión iniciado por la Superintendencia de Sociedades implica la evaluación exhaustiva de la información recibida para determinar si ha habido irregularidades en el manejo de los recursos públicos asociados al Registro de Garantías Mobiliarias. La decisión que adopte la entidad podría tener repercusiones importantes en el modelo de supervisión y control sobre organizaciones privadas que administran funciones de interés público en Colombia.

La entrega voluntaria de información de Confecámaras no implica, según la entidad, el reconocimiento de competencia alguna de la Superintendencia de Sociedades. El gremio enfatizó que su actuación responde a un criterio de prevención y transparencia, pero mantiene su posición respecto a la naturaleza privada de los recursos y la ausencia de facultades legales para la supervisión estatal.

Así las cosas, el gremio de las Cámaras de Comercio dijo que permanece atento a los desarrollos de la investigación y a las posibles implicaciones que pueda tener la actuación de los entes de control sobre la gestión de los recursos derivados del Registro de Garantías Mobiliarias. La expectativa se centra en el pronunciamiento oficial que deberá emitir la Superintendencia de Sociedades en los próximos días, lo que podría redefinir los límites de la supervisión estatal sobre entidades privadas con funciones registrales en el país.