Alejandro Gaviria respondió a la alocución de Gustavo Petro: lo llamó “presidente delirante”

En una alocución presidencial, Gustavo Petro habló de la crisis en la salud y las deudas que tienen las EPS en el país. Además, en un apartado de su pronunciamiento, el jefe de Estado aseguró que los ministros que salen de su gabinete se convierten en sus mayores críticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de Estado mencionó específicamente a Alejandro Gaviria, primer ministro de Educación en su Gobierno: “Alejandro Gaviria también me traicionó, pero ya es de poca monta porque, creo, la mayoría de mis ministros y ministras me ha traicionado en este gobierno”.

Y agregó: “Pero aquí Alejandro Gaviria fue ministro de Educación y se dedicó a quitarle la función a la ministra de Salud (Carolina Corcho), quien estaba tratando de arreglar esto. Pero cuando él fue ministro, no lo hizo, y se lo advirtió la Contraloría”.

A través de su cuenta de X, Gaviria, también exministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, se pronunció para afirmar que la salud en Colombia se encuentra bajo la dirección de un “presidente delirante”.

Además, aseguró que Petro se encuentra “fuera de sus cabales”, motivo por el cual cuestionó a su gabinete.

“La salud de los colombianos está en manos de un presidente delirante, fuera de sus cabales, y de un grupo de funcionarios pusilánimes, incapaces de reaccionar ante su verborrea televisada”, afirmó Gaviria.

En otra publicación, Alejandro Gaviria cuestionó al presidente Gustavo Petro por hablar de los bogotanos.

“Hay una especie de delirio cómico en todo esto. ‘Parece que los bogotanos de antes, eran únicos en toda la humanidad’, dice la primera frase. Llaman la atención, de entrada, la coma entre sujeto y predicado (la proverbial coma petrista) y el anacronismo: los ‘bogotanos de antes’”, afirmó Gaviria.

Y puntualizó: “¿Es esto una mamadera de gallo? ¿Estamos ante una mente perturbada, desconectada de la realidad? ¿Qué diablos tiene que ver una cosa con la otra?“.

El presidente Petro dijo en su alocución que sus funcionarios “no se educaron en el servicio público, son tecnócratas, aristócratas que se pusieron al servicio de la pereza o del gran capital en Colombia porque les da miedo que no los empleen después. Eso les pasa a muchos ministros”.

Además, arremetió nuevamente contra el conglomerado español Keralty, propietario de la EPS Sanitas, al acusarlo públicamente de presuntas actividades ilegales en Colombia.

Durante una alocución emitida el 15 de julio, el mandatario calificó al dueño de la empresa como “un criminal en Colombia” y pidió su salida del país. Aseguró que la organización habría financiado campañas políticas con recursos extranjeros, una práctica prohibida por la legislación nacional, aunque no precisó a qué campañas se refería.

Petro advirtió que, si es necesario, elevará el caso a instancias diplomáticas, incluso ante la Casa Real española. Las declaraciones se producen en un contexto de conflicto con el sector privado de la salud, especialmente con EPS como Sanitas, Sura y Compensar, que han alertado sobre dificultades financieras y un eventual retiro del sistema.

El Gobierno ha cuestionado la gestión de estas entidades, a las que señala de priorizar beneficios económicos sobre la atención a los pacientes.

La eventual salida de Sanitas implicaría la reubicación de más de cinco millones de afiliados, lo que plantea un reto logístico de gran escala para el sistema de salud. Hasta el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte de Keralty ni de las autoridades sanitarias nacionales.

Las acusaciones del jefe de Estado no son nuevas. El 6 de julio, en un mensaje publicado en la red social X, Petro ya había acusado a Keralty de financiar actividades políticas con fondos públicos y de ejercer presión sobre el sistema judicial.

Según el presidente, la empresa no solo tendría injerencia en la financiación de campañas, sino también en el freno a la reforma a la salud promovida por su administración, con el objetivo —según él— de mantener beneficios económicos a costa del sistema público.