La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió devolver al Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la medida de aseguramiento y la orden de captura que pesan sobre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y cercano al presidente Gustavo Petro.
Esta decisión se basa en la reciente reforma judicial, que modificó la competencia para los casos que conoce la Corte Suprema.
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Según el nuevo parágrafo 1, la función de juez de control de garantías en estos procesos será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y los autos proferidos en esta función serán apelables ante la Sala siguiente del mismo tribunal, de acuerdo con medios como Semana y W Radio.
En consecuencia, la Corte Suprema declaró su falta de competencia para resolver sobre la apelación contra la medida de aseguramiento en cárcel y la orden de captura dictadas en contra de González.
El magistrado Marco Antonio Rueda Soto, a cargo del despacho, ordenó devolver las diligencias al tribunal superior, argumentando que la reforma entró en vigencia y modificó las reglas procesales para estos casos.
La Fiscalía General de la Nación imputó a González los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos, dentro del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La medida de aseguramiento en su contra fue ordenada para garantizar su presencia en el proceso.
La Fiscalía, además, señaló a González como el presunto determinador de hechos corruptos que ya han llevado a prisión a varios funcionarios públicos y congresistas.
En la Corte Suprema también se discute el proceso relacionado con otros altos dirigentes políticos vinculados al caso.
Con esta decisión, la Corte Suprema se ajusta a los cambios de la reforma judicial y deja en manos del Tribunal Superior de Bogotá la continuidad del proceso contra Carlos Ramón González.
La medida de aseguramiento contra González fue dictada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 3 de julio.
La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos, como parte del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el ente acusador, González habría sido determinador de hechos que llevaron al desvío de millonarios recursos públicos y al pago de sobornos a congresistas para asegurar respaldo político.
La investigación sostiene que desde la Casa de Nariño se habría gestado un esquema para inflar un contrato por 46.800 millones de pesos, cuyo objetivo era desviar fondos hacia coimas dirigidas a figuras del Congreso.
Entre los señalados se encuentran los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido, respectivamente, tres mil millones y mil millones de pesos en efectivo entre octubre y diciembre de 2023. Ambos fueron enviados a prisión preventiva en mayo tras decisiones de la Corte Suprema.
La Fiscalía ha afirmado que el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha sido clave para desentrañar el entramado de corrupción.
Según la fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, las órdenes de manipulación contractual “vinieron de González, quien para entonces ocupaba uno de los cargos de mayor poder en el Ejecutivo, porque requiere gran confianza del mandatario”.
En respuesta, la defensa de González ha rechazado las acusaciones, calificándolas como “calumnias sin fundamento” y señalando que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”.
Su abogado, Iván Cancino, solicitó la nulidad de la medida de aseguramiento, que por ahora continúa vigente.
Uno de los puntos más delicados del caso es la ubicación de González. Según la Fiscalía, el exfuncionario se encuentra en Nicaragua y no hay certeza de que planee regresar a Colombia. Esto llevó a las autoridades a iniciar trámites ante Interpol para emitir una circular roja que permita su captura internacional.
De ser aprobada, González podría ser detenido en cualquier país miembro de Interpol, salvo que logre revocar la orden en la sede de la organización en Lyon, Francia.
Hasta ahora, no hay información oficial sobre una eventual solicitud de asilo en Nicaragua por parte de González. No obstante, su permanencia en el extranjero ha sido interpretada como un riesgo real de no comparecencia ante las autoridades judiciales.
La Fiscalía ha dispuesto el seguimiento de sus movimientos migratorios, cuentas bancarias y líneas telefónicas.
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