La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal contra las compañías Mamut Acero y Concreto S.A.S. y Uniobras del Oriente S.A.S., así como contra varias personas naturales vinculadas a ellas, por presunta colusión en al menos trece procesos de contratación estatal de obras públicas, realizados entre 2021 y 2024.
Según la entidad, durante este periodo ambas empresas coincidieron en al menos 151 procesos de selección estatal y, en una parte de ellos, la Delegatura para la Protección de la Competencia encontró comportamientos que sugerirían una coordinación indebida entre los presuntos competidores.
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Las pruebas recaudadas indican que habrían simulado actuar de manera independiente, cuando en realidad habrían desplegado una estrategia común para aumentar injustificadamente sus posibilidades de adjudicación.
“La Delegatura recaudó material probatorio suficiente para determinar que Mamut y Uniobras habrían aparentado ser agentes del mercado independientes, en los procesos de contratación de obras de infraestructura en los que participaban, cuando en realidad podrían estar actuando de manera coordinada”, indicó la SIC a través de un comunicado.
El ente regulador advierte que este tipo de prácticas podría configurar una infracción al régimen de libre competencia económica, como lo establece el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, bajo la figura de “colusión” o “control competitivo oculto”.
Además, la investigación preliminar también reveló posibles intentos de ocultar vínculos entre las compañías.
En algunos documentos presentados ante las Cámaras de Comercio, páginas web corporativas y procesos de selección, se habrían registrado direcciones falsas o correspondientes a terceros sin relación con las empresas, lo que pone en entredicho la veracidad de la información usada para acreditar experiencia o independencia entre oferentes.
Este tipo de manipulaciones, advierte la SIC, compromete la confianza en los sistemas públicos de información, clave para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en la contratación con el Estado.
Una de las estrategias detectadas por la Delegatura consistía en optimizar el puntaje en los sistemas de evaluación de propuestas mediante acuerdos previos entre las empresas en métodos de calificación como la media geométrica, la media aritmética baja y el menor valor, tres de los cuatro criterios más comunes en procesos licitatorios.
Esta conducta, de comprobarse, habría limitado ilegítimamente las posibilidades de adjudicación de otros competidores reales, afectando así el principio de libre concurrencia.
“La conducta investigada habría llevado a que las empresas aumentaran de manera injustificada su probabilidad de resultar adjudicatarias, en detrimento de sus reales competidores, y la consecuente disminución de manera ilegítima de las probabilidades de los demás participantes de ser adjudicatarios en los procesos”, explicó la SIC.
La Superintendencia señaló que con esta actuación reafirma su compromiso institucional de velar por la libre competencia y la transparencia en los procesos de contratación pública, un ámbito de especial sensibilidad por el impacto que tiene en la asignación de recursos estatales.
“Con el inicio de esta investigación, la Superintendencia, por medio de la Delegatura para la Protección de la Competencia, mantiene su compromiso en la identificación de conductas que puedan afectar la sana y transparente rivalidad comercial, para lograr la eliminación de comportamientos que puedan restringir de manera injustificada la libre competencia económica”, puntualizó la entidad.
El Gobierno lanzó la línea gratuita 157, operativa las 24 horas en todo el país, para que la ciudadanía denuncie irregularidades en la contratación estatal.
Esta herramienta es parte de una estrategia liderada por Colombia Compra Eficiente, con apoyo de la Secretaría de Transparencia y el Ministerio de Defensa, y es administrada por la Dijin de la Policía Nacional.
La línea permite realizar denuncias anónimas sobre presuntos actos de corrupción relacionados con contratos, obras o servicios públicos.
También se recuerda que otras entidades como la Fiscalía y las Casas de Justicia pueden recibir reportes. La medida busca reforzar el control ciudadano y promover la transparencia.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, Colombia cayó cinco puestos y ocupa el lugar 92 entre 180 países.
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