Nuevos detalles de la excavación no autorizada por militares en zona protegida por la JEP: estas son las contradicciones de los involucrados

Tres días después de conocerse la sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel Jorge Melgarejo Escobar, director de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, por permitir una controvertida excavación en una zona protegida por orden judicial, se conocen nuevos detalles del caso.

El militar fue castigado con orden de arresto por tres días y una millonaria multa tras determinar que bajo su dirección, el 3 de febrero, apareció una excavación no autorizada en un punto marcado por fiscales y forenses para la búsqueda de desaparecidos.

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La zona afectada forma parte de la Escuela de Logística del Ejército y del Batallón de Contrainteligencia, terrenos que la JEP ordenó proteger desde septiembre de 2024.

Estas medidas de protección surgieron luego de que el sargento retirado y exagente de Inteligencia José Leonario Dorado asegurara ante la JEP que en ese sector fueron enterradas varias víctimas de desapariciones forzadas en el pasado, entre ellas, el líder sindical Pedro Movilla y la exintegrante del M-19 Irma Franco.

De acuerdo con documentos conocidos por la revista Cambio, los trabajos de búsqueda se realizaban con discreción desde enero, en colaboración entre la JEP y el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía (Grube).

El hallazgo de una excavación inesperada generó preocupación: el hueco medía aproximadamente 1,30 metros por 93 centímetros, con una profundidad de 1,40 metros, y junto a él se encontraron una camiseta con insignia militar, restos de comida y dos palas.

Al día siguiente, el equipo forense evitó una intervención adicional, pese a que un grupo del Batallón de Ingenieros tenía previsto realizar obras de mantenimiento en el sistema de alcantarillado.

La denuncia de la JEP llegó a la Fiscalía 28 de la Dirección Seccional de Bogotá, y se abrió un incidente de desacato que derivó en la sanción contra el coronel.

La jurisdicción calificó la excavación como una negligencia grave en el deber de proteger la zona, señalando que la alteración del terreno resulta irreversible y vulnera los derechos de los familiares de los desaparecidos, quienes mantienen la esperanza de encontrar respuestas después de más de treinta años.

En palabras del tribunal, cualquier alteración de ese entorno incrementa la incertidumbre de las víctimas, dificultando que técnicas modernas puedan determinar si en la zona intervenida había cuerpos humanos.

Respecto a lo sucedido, Jorge Melgarejo Escobar intentó eximir su responsabilidad ante la JEP, atribuyendo la orden a un subalterno, el sargento viceprimero Ronald Durán Páez.

El 4 de febrero, Melgarejo explicó que Durán admitió haber ordenado a dos soldados excavar para enterrar residuos biológicos peligrosos, como jeringas y gasas, ya que la unidad carecía de un programa para el manejo de ese material.

El director aseguró que impidió el entierro y que, tras enterarse, inició trámites para la disposición adecuada de los desechos médicos.

Durante su declaración, Melgarejo sostuvo que preguntó a Durán si conocía la existencia de la medida cautelar que prohibía esas acciones.

El suboficial sostuvo que sí, pero alegó desconocimiento sobre la extensión exacta de las áreas protegidas. Pese a ello, Durán enfrentó una investigación disciplinaria al interior de la institución.

En su versión del 20 de marzo de 2025 ante la JEP, Ronald Durán Páez ofreció detalles distintos: afirmó que solo tomó conocimiento pleno de la restricción judicial tras una capacitación realizada el 7 de febrero, tres días después de haberse presentado la excavación.

Posteriormente, reconoció que sí había recibido información en septiembre, pero insistió en que no captó realmente el alcance de la prohibición hasta febrero. Asimismo, indicó que entre octubre y noviembre de 2024, durante la vigencia de la orden, organizó una jornada de siembra de árboles junto con el Jardín Botánico de Bogotá, ignorando que requería autorización previa para realizarla.

Otros militares ofrecieron declaraciones contradictorias a la JEP. El coronel Juan Gabriel Toro, quien dirigía la Escuela de Logística hasta diciembre de 2024, afirmó que comunicó formalmente las restricciones desde el 20 de septiembre de ese año y que el personal militar recibió la información, dado su impacto sobre la planeación y ejecución de las jornadas habituales. En contraste, el cabo primero Álvaro Torrijano Cantor, jefe de la Escuadra de Seguridad del Polígono, relató que se enteró de la medida el 3 de febrero, justo cuando se les instruyó custodiar el terreno con apoyo de la Policía Militar. El soldado Brahian Villa Díaz también manifestó que desconocía la existencia de la medida antes del incidente.

El 13 de febrero, el coronel Melgarejo defendió su gestión ante la JEP, asegurando que socializó el alcance de las restricciones judiciales y que hasta solicitó la adición de 72 soldados a la unidad para fortalecer la protección de los terrenos bajo medidas cautelares. Además, reafirmó que no tuvo responsabilidad en los hechos, puesto que actuó a partir de la información que le compartió su subalterno y la acción habría sido unilateral, sin pasar por la estructura de mando.

No obstante, la JEP desestimó la defensa de Melgarejo. El tribunal concluyó que la directriz de buscar refuerzos no guardaba relación con la seguridad de las áreas protegidas, y que solo cuando el caso fue objeto de escrutinio público hubo una reacción institucional más clara. El fallo también señaló la falta de coordinación y coherencia en las versiones de los uniformados, y subrayó que el testimonio de Durán resultó confuso y presentó contradicciones.

Como resultado de estos hallazgos, la JEP remitió copias a la Fiscalía para que esta determine si el coronel Juan Gabriel Toro, en su condición de director al momento de la siembra de árboles, incurrió en alguna conducta delictiva al no solicitar permiso para intervenir el área protegida.