El Ministerio del Trabajo abrió una investigación contra Tiendas D1 por presunta explotación laboral.
De acuerdo con los representantes sindicales de los trabajadores, citados por Semana, sus denuncias están relacionadas a extensas jornadas, tareas múltiples sin pago adicional y condiciones laborales precarias.
Debido a lo anterior, la senadora de oposición María Fernanda Cabal criticó la medida, señalando una supuesta persecución del Gobierno a estas empresas.
Pero ante las críticas de la senadora Cabal, el ministro de Minas, Edwin Palma, le contestó.
“Quisieran que regresáramos al pasado donde no existían normas laborales”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.
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En su mensaje, la senadora María Fernanda Cabal criticó al Gobierno del presidente Gustavo Petro y afirmó que se está llevando a cabo una persecución contra empresas generadoras de empleo formal y oportunidades para jóvenes en formación.
“Nuevo capítulo de persecución contra la libre empresa en el país. Ahora enfilan baterías contra una empresa que genera 25 mil empleos con contrato a término indefinido y que le dan oportunidad a más de 1.100 aprendices del SENA. Nada que signifique comodidad, mejores precios y estabilidad laboral le importa al desgobierno de Petro que persigue todo lo que funciona para destruirlo”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.
A las declaraciones de la congresista opositora respondió el ministro de Minas, Edwin Palma, quien cuestionó la postura del sector político que representa la congresista. El funcionario señaló que la oposición a las reformas laborales obedece, según él, a una visión que desconoce los derechos de los trabajadores y promueve condiciones regresivas en materia laboral.
“Senadora, Uds quisieran que regresáramos al pasado donde no existían normas laborales. Por eso se oponen con orgullo a la Reforma laboral y a cualquier norma protectora del trabajador, porque sueñan con la esclavitud. Vaya y Ud misma mire cómo esa empresa trasgrede normas laborales”, contestó el jefe de cartera.
Palma también señaló que la defensa de ciertas prácticas empresariales vulnera derechos fundamentales de los trabajadores. Además, propuso que las infracciones a las normas laborales sean consideradas delitos, al igual que la obstrucción al derecho de asociación.
“Que los trabajadores sepan que Ustedes están del lado de la ilegalidad y el delito, porque violar el derecho de asociación es un delito.Algún congresista debería promover que violar las normas laborales también fuera elevado a rango de delito”
Otro de sus mensajes sobre el tema, el ministro del Trabajo, Edwin Palma, rechazó las acusaciones de persecución contra el sector empresarial y afirmó que la investigación responde al cumplimiento de la normativa vigente. En su publicación señaló que “Y después dicen que es ‘persecución’. Es solo hacer cumplir la ley laboral que históricamente han estado acostumbrados a burlar”.
Y es que, días atrás el Ministerio del Trabajo informó que dio apertura a una investigación formal contra la cadena de supermercados D1, tras recibir denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de D1 (Sintra-D1) en mayo de 2025. Las acusaciones incluyen casos de acoso laboral, obstaculización a la actividad sindical y explotación de empleados, y fueron inicialmente difundidas a través de redes sociales.
Representantes del sindicato valoraron la decisión del Gobierno y, según declaraciones citadas por Semana, señalaron que “en buena hora el Ministerio ahora está metiendo las narices en el asunto”, destacando la necesidad de una intervención estatal ante las denuncias contra la empresa.
En su mensaje, el sindicato denunció que “la compañía D1 S.A.S. amenaza a los dirigentes sindicales de Sintra-D1 por denunciar acoso laboral, persecución sindical y sobre explotación de trabajadores. Quien dice la verdad no difama”.
Como parte de su pronunciamiento, Sintra-D1 compartió varios documentos, entre ellos una comunicación firmada por el director jurídico de la compañía, en la que se amenaza con emprender acciones legales en caso de que el sindicato publique información que sea considerada “confidencial, falsa o difamatoria”. Esta posición refuerza el ambiente de confrontación que persiste entre la empresa y los trabajadores organizados.
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