“La ley es para todos”: Cathy Juvinao exigió mayor control laboral por parte del Ministerio del Trabajo tras hallazgos en Tiendas D1

Horas después de que el Ministerio del Trabajo anunciara el cierre de una de las tiendas de la cadena D1, la representante a la Cámara Catherine Juvinao se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X. Su mensaje fue directo, crítico y centrado en una preocupación estructural, centrándose en la insuficiente capacidad estatal para garantizar que se cumpla la legislación laboral en el país.

La reacción de la congresista del partido Alianza Verde no pasó desapercibida, y marcó una postura clara frente a la intervención del Gobierno nacional en una de las compañías de mayor expansión en el comercio minorista del país.

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La cartera que lidera Antonio Sanguino confirmó el cierre temporal de uno de los 2.400 puntos de venta que tiene Tiendas D1 en Colombia. La decisión fue resultado de una serie de visitas de inspección que venía realizando el Ministerio desde principios de junio, con el objetivo de verificar las condiciones de trabajo en la compañía.

Para el 10 de julio, ya se habían inspeccionado 263 tiendas y seis centros de distribución, como parte de un proceso que incluyó revisión documental, entrevistas con empleados y visitas no programadas. Los hallazgos obtenidos llevaron al ministerio a ordenar acciones correctivas inmediatas.

Ante la noticia, Juvinao se refirió a un aspecto que trasciende el caso puntual de D1 y es el papel del Estado en la aplicación real de los derechos laborales. Su intervención no solo cuestionó la limitada capacidad institucional para la inspección y vigilancia, sino que recordó que desde su bancada se había propuesto reforzar estos mecanismos a través de la fallida reforma laboral que ellos propusieron.

“Muchas de las normas laborales que históricamente se han incumplido en Colombia ha sido por cuenta de la raquítica capacidad de @MintrabajoCol para hacer inspección, vigilancia y control. Esto debe mejorar y entenderse como necesario para que los derechos no queden en el papel. En la reforma laboral presentamos una propuesta al respecto que no nos fue avalada. Sin embargo, si este gobierno (o cualquier otro) se toma en serio esta tarea seré la primera en aplaudirlo. De nada sirve aprobar leyes y más leyes si la autoridad no cumple con su rol. La ley es para todos y es deber del Estado garantizar su cumplimiento”, posteó en su cuenta de X.

Al momento de expresar su posición, la representante hizo énfasis en que lo fundamental no es que estas intervenciones ocurran de forma ocasional, sino que se implementen de manera constante. A raíz de esto, varios usuarios respondieron con comentarios como: “Hasta cuando las empresas van a entender que sus ganancias No salen de un trabajador explotado y mal remunerado”; “Cuando lo que estás pidiendo es exactamente lo que ves que están haciendo ...”; “Por qué no aplaudimos 1 vez sin miedo a ser criticados ?”.

En paralelo a su declaración, el Ministerio del Trabajo dio a conocer las medidas adoptadas como conclusión preliminar de la intervención. Una de las decisiones centrales fue solicitar la intervención inmediata de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), con el propósito de evaluar los factores de riesgo físico y psicosocial a los que estarían sometidos los trabajadores.

También se recomendó el fortalecimiento de los comités internos de salud y seguridad, así como la implementación de canales eficaces para denuncias laborales y el respeto al derecho de asociación sindical.

Se incluyó, además, una evaluación del modelo de contratación que maneja la empresa, cuestionando la amplitud de las funciones asignadas a un solo trabajador, las jornadas extendidas, la disponibilidad de tiempo y la carencia de elementos básicos de protección. Entre las tareas señaladas, se mencionan labores como la descarga de mercancía, el manejo de bisturís, el aseo de la tienda, la vigilancia del local y la atención en caja, todo ello concentrado en una sola persona.

Dentro del informe del Ministerio del Trabajo, también se hizo énfasis en una situación puntual: la ausencia de sillas para los cajeros, aun en los casos en los que existe recomendación médica que exige evitar permanecer de pie durante toda la jornada.

Este tipo de condiciones, según la viceministra encargada Sandra Milena Muñoz Cañas, podrían derivar en afectaciones graves a la salud física de los empleados, asimismo, se planteó la necesidad de contratar personal exclusivo para tareas de aseo y seguridad, actividades que hoy recaen sobre los trabajadores operativos.

La funcionaria también indicó que se continuará la verificación del pago adecuado de horas extras, tema que, según los hallazgos, fue una práctica omisiva recurrente. El informe técnico reveló que muchos empleados tienen jornadas completas bajo modalidad “part time” —una jornada laboral que es inferior a la de un trabajo a tiempo completo— y que existen múltiples reportes de horas adicionales que no fueron reconocidas ni monetizadas.

Los hallazgos presentados se agruparon en cinco categorías:

1. Contratación y jornada laboral.
2. Violaciones a la libertad sindical.
3. Condiciones de salud y seguridad.
4. Infraestructura.
5. Afectaciones en la salud de los empleados.

En cada una se identificaron irregularidades que permiten dimensionar el tipo de intervención que la autoridad considera necesaria.