Fiscalía lanzó duro llamado a la JEP por lentitud en investigaciones de crímenes de guerra: advierten riesgo de parálisis judicial

La relación entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa uno de sus momentos más tensos. En una carta enviada el 14 de julio por la fiscal general Luz Adriana Camargo a los magistrados del tribunal de paz, el ente acusador urgió a la JEP acelerar la definición jurídica de miles de comparecientes y a cerrar procesos que siguen abiertos desde hace años, advirtiendo que la falta de decisiones podría poner en riesgo los pilares del Acuerdo de Paz.

En el documento de seis páginas, radicado oficialmente en la sede de la JEP, se hace un fuerte llamado institucional. Según la Fiscalía, los órganos de justicia transicional no han avanzado con la suficiente eficacia en los macrocasos más graves del conflicto armado colombiano, como el reclutamiento forzado de menores, los secuestros y otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las extintas Farc.

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Uno de los puntos centrales de la carta es la preocupación por el rezago en los avances del Macrocaso 01, que investiga las privaciones graves de la libertad (secuestros), y el Macrocaso 07, enfocado en el reclutamiento y abuso de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto. En estos procesos, la Fiscalía señala haber entregado evidencia sobre más de 10.000 investigaciones activas, pero la JEP solo ha formulado imputaciones a una fracción mínima de los responsables, entre ellos siete ex jefes del antiguo Secretariado de las Farc.

“Para la Fiscalía resulta preocupante que las decisiones adoptadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad no incluyan la totalidad de investigaciones ni la totalidad de indiciados vinculados con su comisión”, reza el oficio.

El llamado no solo nace desde las instituciones. Víctimas del conflicto, como Alexander Vargas —acreditado en el caso de reclutamiento—, también han manifestado su frustración. “Para que haya justicia verdadera se necesitan más imputaciones, no solo a los altos mandos, sino a los responsables directos: jefes de bloque, frentes y compañías”, expresó.

Camargo señaló que de los 223.000 casos relacionados con crímenes del conflicto reportados por la Fiscalía —con más de 280.000 indiciados y 196.000 víctimas identificadas— la JEP solo ha incorporado parcialmente una pequeña porción. Además, apenas 705 comparecientes fueron seleccionados negativamente, es decir, excluidos del proceso judicial, lo que deja sin cierre definitivo a miles de casos.

Uno de los aspectos más sensibles del oficio es el llamado de atención sobre el riesgo de parálisis judicial. De acuerdo con la fiscal, el modelo actual impide que la justicia ordinaria actúe sobre hechos ya conocidos por la JEP, mientras que esa jurisdicción no ha resuelto la totalidad de los registros penales de sus comparecientes.

“Se está creando una doble dificultad: ni la justicia ordinaria puede continuar, ni la JEP está resolviendo en su totalidad”, señala el documento. Este limbo jurídico, subraya la Fiscalía, atenta contra la seguridad jurídica, el derecho de las víctimas a la verdad y la legitimidad del sistema de justicia transicional.

El tercer eje de crítica en la misiva es la falta de una ruta clara para la selección negativa, el mecanismo mediante el cual se definen los casos que no serán investigados o juzgados y que, por tanto, pueden ser archivados. Hasta ahora, este procedimiento ha sido aplicado a menos del 5% de los comparecientes, y sin una estrategia visible que permita un cierre masivo de expedientes.

“La falta de decisiones completas y definitivas, emitidas en un plazo razonable, puede generar un desbordamiento de las capacidades de otros órganos de la JEP”, alertó la fiscal Camargo, señalando especialmente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que tiene sobre sí la mayor carga de casos pendientes.

En su carta, la fiscal general propuso una articulación más eficaz entre las dos jurisdicciones: que la JEP solicite proactivamente todos los expedientes penales de los comparecientes cuya situación desea resolver o que, en su defecto, la Fiscalía los remita con anticipación para facilitar decisiones de cierre.

“Se reitera la necesidad de trabajar de manera articulada con la justicia penal ordinaria para definir claramente quiénes serán los destinatarios de la selección negativa”, añade el documento.