La Procuraduría General de la Nación emprendió una actuación preventiva sobre la Entidad Promotora de Salud (EPS) Famisanar, motivada por el incremento sostenido de tutelas, reclamos formales y quejas por parte de sus usuarios. Esta intervención se centra en la función constitucional de vigilancia preventiva que ejerce el Ministerio Público, y responde a un patrón de inconformidades detectado por distintos canales de atención al ciudadano, así como por organizaciones de pacientes que reportaron deficiencias reiteradas en la prestación de servicios médicos.
De acuerdo con el comunicado expedido por la Procuraduría, se identificó un número creciente de acciones judiciales interpuestas por usuarios que alegan vulneración de su derecho fundamental a la salud.
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A partir de esta situación, el ente de control realizó una inspección directa en las instalaciones administrativas de Famisanar. Esta visita fue adelantada por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, junto con la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en una acción articulada que tuvo como propósito central recolectar documentación detallada sobre los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del funcionamiento de la entidad.
El informe preliminar de la diligencia señala que las principales inconformidades expresadas por los usuarios giran en torno a la “dificultad en el acceso a los servicios y la escasez de medicamentos”, aspectos que fueron reiterados en peticiones ciudadanas radicadas en distintos niveles de atención institucional.
El Ministerio Público sostuvo que esta situación requiere una revisión exhaustiva no solo de la estructura operativa de la EPS, sino de sus mecanismos internos de respuesta ante quejas y reclamos formales.
Durante la inspección, se hizo especial énfasis en los canales habilitados por Famisanar para la recepción de Pqrs (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), así como en la documentación soporte que demuestra la atención oportuna y efectiva de cada requerimiento ciudadano. El ente de control recabó evidencias relativas a los tiempos de respuesta, la trazabilidad de los casos y el cumplimiento de los plazos reglamentarios establecidos por la normativa del sistema de salud colombiano.
En el frente jurídico, la Procuraduría solicitó un consolidado detallado de todas las acciones de tutela interpuestas en contra de la EPS, los incidentes de desacato que se han derivado de decisiones judiciales no ejecutadas, y la documentación actualizada sobre las demandas que permanecen vigentes ante los tribunales. Esta información será clave para evaluar si la entidad incurrió en omisiones que comprometan su responsabilidad jurídica frente a los usuarios.
Respecto al componente financiero, la solicitud de la Procuraduría incluyó la entrega de información sobre el estado actual de la deuda de Famisanar con su red de prestadores de servicios de salud: “La información recaudada será objeto de análisis y contrastada con otras fuentes institucionales relevantes para realizar un diagnóstico integral”.
Famisanar, que para finales de 2022 reportó una población afiliada de 3.023.952 personas, registró un crecimiento del 9,2% en comparación con el cierre del año anterior, de acuerdo con los últimos datos oficiales reportados por el Ministerio de Salud. En el primer trimestre de ese mismo año, la EPS contaba con 2.945.552 afiliados, lo cual representó un aumento significativo en su base de usuarios.
Esta expansión podría ser tomada en cuenta por la Procuraduría al momento de realizar su evaluación técnica, toda vez que un incremento en la demanda de servicios debe estar acompañado de un fortalecimiento proporcional en la capacidad operativa y administrativa.
Cabe mencionar que esta intervención no tiene carácter sancionatorio, por lo que no implica, de momento, una formulación de cargos contra la entidad. La actuación preventiva de la Procuraduría busca, en primera instancia, generar alertas tempranas y propiciar acciones correctivas inmediatas que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de los afiliados.
Esta forma de vigilancia no excluye, no obstante, la posibilidad de que se deriven investigaciones formales en caso de hallarse irregularidades que comprometan el cumplimiento de los deberes legales de la EPS.
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