Empresas arroceras afiliadas a la Andi advirtieron que los consumidores tendrán que pagar más si el Gobierno cumple promesa que le hizo a los cultivadores

El paro arrocero encendió las alarmas en la industria colombiana, no solo por el impacto inmediato sobre la cadena de producción, sino por el efecto dominó que puede desembocar en consumidores y precios.

Las empresas de arroz afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) marcaron posición respecto al desarrollo de este conflicto, advirtiendo que, de persistir el paro y ante una eventual intervención estatal en los precios, serían los productores quienes resultarían más afectados y que, en última instancia, los consumidores enfrentarían un alza en el precio del grano.

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En un comunicado, los industriales arroceros conglomerados en la Andi señalaron que la situación actual evidencia la urgencia de avanzar en la construcción de un acuerdo de competitividad para todo el sector, acuerdo que viene dialogándose junto con el Ministerio de Agricultura y otros actores de la cadena productiva.

Según el sector, la clave para resguardar la sostenibilidad de una de las principales fuentes de alimento de los colombianos está en la articulación y el fortalecimiento de las acciones conjuntas entre lo público y lo privado.

El paro arrocero se presenta en un contexto en el que la industria había venido advirtiendo sobre las debilidades de la cadena productiva. Las empresas asociadas en la Andi insisten en que una intervención estatal en el mercado de precios del arroz podría tener efectos adversos de corto y largo plazo.

El principal temor fue expresado en términos claros: si el Gobierno interviene los precios, la afectación a los productores será inevitable y el incremento en los costos terminaría trasladándose al consumidor final.

Esta preocupación no es nueva, pues la industria resaltó que la volatilidad de los precios, la falta de planeación de siembras y la sobreoferta periódica erosionaron las utilidades de los productores en diferentes regiones del país.

Además, recuerdan que el arroz es un bien de consumo masivo y cualquier variación de precio repercute directamente en la canasta básica familiar.

La industria de arrocera expuso varias propuestas para sortear la actual crisis y fortalecer la cadena productiva, orientadas en tres horizontes: corto, mediano y largo plazo. Todas ellas buscan centrar los esfuerzos en la planificación, la transparencia y la competitividad.

A corto plazo, la reestructuración del Consejo Nacional del Arroz figura como una prioridad, con el objetivo de convertirlo en un espacio efectivo para la construcción de soluciones técnicas.

Así mismo, se propuso mejorar la organización de las siembras, un aspecto crucial para evitar la sobreoferta que se refleja en la formación de inventarios superiores a lo deseable. Según información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), el inventario adecuado al inicio de cosecha debe ser igual a 1,5 meses de consumo, es decir, alrededor de 300.000 toneladas de arroz paddy seco equivalente.

Para avanzar hacia ese objetivo, la industria considera fundamental el registro de intenciones de siembra del Gobierno, que permitiría anticipar y prevenir distorsiones en la oferta.

Otra medida que se plantea es el establecimiento de un marco de referencia para una estructura de costos competitiva y diferenciada por regiones arroceras. La industria destaca que la competitividad solo se logra si los costos responden a la realidad regional y están alineados con los estándares del Plan de Ordenamiento Productivo.

A mediano plazo, el sector se prepara para el proceso de apertura del mercado con Estados Unidos. La propuesta incluye desarrollar un plan de trabajo conjunto con todos los actores de la cadena, con acciones orientadas a evitar que la importación de arroz desde ese país afecte la producción nacional. Se reconoce que la globalización de los mercados exige adaptar a la industria local para competir en igualdad de condiciones, enfocando los esfuerzos en la eficiencia y la diferenciación de la oferta.

A largo plazo, la estrategia consiste en implementar un Plan Exportador que permita mejorar la calidad del arroz colombiano, buscando marcar diferencias con los productos importados.

Esta propuesta incluye el desarrollo de productos de valor agregado, no solo para diversificar la oferta en el mercado local, sino para explorar oportunidades en mercados internacionales. El objetivo planteado a 2030 es lograr que el arroz colombiano compita eficazmente tanto en el país como en el extranjero.

En este sentido, la industria resaltó la importancia de dar continuidad al trabajo de las mesas técnicas creadas en 2024, orientadas a temas como la inocuidad, el uso de semilla certificada, el fortalecimiento del Consejo Nacional del Arroz y el ordenamiento de siembras, especialmente en la zona de los Llanos. Según los arroceros afiliados a la Andi, la labor en esas mesas debe ser prioritaria, dado que allí se gestan acuerdos y estrategias técnicas.