Detienen a cirujana colombiana en República Dominicana por presunta mala praxis en nueve casos: víctimas quedaron con heridas e infecciones

Diana Carolina Romero Ávila, una médica de nacionalidad colombiana, fue arrestada en el Distrito Nacional, Santo Domingo, capital de República Dominicana.

La connacional es señalada de presunta mala práctica médica en al menos nueve procedimientos estéticos realizados en el país.

Su captura se desarrolló el lunes 14 de julio de 2025 en un centro comercial por efectivos policiales, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 5 de febrero de 2025 por el Despacho Judicial Penal de Santo Domingo.

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La doctora fue identificada por varias pacientes que denunciaron haber sufrido complicaciones graves tras intervenciones quirúrgicas practicadas en la clínica Cemekar Plass.

De acuerdo con las declaraciones, las víctimas presentaron heridas, infecciones y daños estéticos considerables tras los procedimientos.

Las investigaciones determinaron que la clínica no contaba con la habilitación legal por parte de las autoridades sanitarias, por lo que operaba de manera irregular y sin permiso para ofrecer servicios médicos.

El caso obtuvo relevancia mediática tras su exposición en el programa El informe con Alicia Ortega, en el que se difundieron testimonios de mujeres afectadas bajo el reportaje ‘Mujeres desfiguradas por cirugías’, del canal de Noticias SIN.

Contra Romero Ávila pesa la orden de arresto número 973-2025-EMES-01199.

Los cargos formulados incluyen asociación de malhechores, participación en asociación delictiva, golpes y heridas voluntarias, violencia agravada y estafa. Tras la detención, la profesional fue trasladada al destacamento Felicidad, en el sector Los Mina, donde permanece bajo custodia policial.

Se estima que la imputada comparezca el miércoles 16 de julio de 2025 a las 9:00 de la mañana ante el Grupo de Atención Permanente (Gapre), instancia que definirá las medidas de coerción y la situación jurídica de Romero Ávila, mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades chilenas identificaron una red operada por médicos colombianos que, mediante la expedición masiva de licencias médicas falsas, generó un fraude al sistema de salud pública con pérdidas estimadas en millones de dólares.

El caso más reciente involucra a Salay José Gutiérrez y Angie Paola Osorio, que usurparon la identidad de ocho profesionales de la salud chilenos y emitieron cerca de 10.500 incapacidades médicas fraudulentas, causando un perjuicio calculado en más de 3,5 millones de dólares al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Oriente, esta organización actuó inicialmente desde el extranjero. “Estamos en presencia de una asociación criminal que era operada en principio, desde el extranjero. La mayoría de las licencias médicas fueron obtenidas desde Colombia. Desde allá se producía la emisión”, afirmó el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez.

Los médicos investigados llegaron a Chile hace tres años. Desde entonces expidieron certificados médicos no solo a su propio nombre, sino también utilizando el registro de profesionales chilenos que ni siquiera hacían parte del sistema electrónico, empleando accesos obtenidos de forma ilegal.

Además de usurpación de identidad, enfrentan cargos por fraude a Fonasa, delitos informáticos y asociación ilícita. Ambos se encuentran bajo prisión preventiva mientras se avanza en la investigación sobre el alcance de la red, los beneficiarios de las licencias y el mecanismo de acceso a datos de médicos locales.

El modelo de estafa funcionaba a través de la comercialización de incapacidades por encargo.

Las licencias ofrecidas, que abarcaban entre uno y veintiún días de incapacidad, costaban entre 155.000 y 421.000 pesos chilenos, y eran enviadas al solicitante por servicios de mensajería instantánea, muchas veces a través de sociedades médicas creadas para este fin.

Mientras un médico en Chile emite en promedio 140 incapacidades al año, los involucrados en estos esquemas fraudulentos superaron ampliamente ese número, llegando a emitir hasta 1.600 licencias anuales, lo que encendió las alertas del sistema de control electrónico.

Las autoridades señalaron que esta modalidad de fraude había sido empleada previamente. En 2022 se develó una red dirigida por Samir Rivaldo y Yesica Sonado, también de nacionalidad colombiana, acusados de encabezar la estructura mafiosa responsable del mayor desfalco a la salud chilena, con un costo de más de 800 millones de dólares para el sistema.

Según los informes, estos médicos adquirieron propiedades, autos y artículos de lujo en Colombia con el dinero obtenido ilegalmente en Chile.

La Superintendenta de Salud de Chile, Pamela Gana, aseguró que “este tipo de casos ponen en el tapete un comportamiento que no está dentro de lo que uno desea para el cuidado de este importante instrumento de la seguridad social, que son las licencias médicas”.

Organismos judiciales piden hasta 28 años de cárcel y una multa aproximada de 9 millones de dólares para quienes lideraron la trama.

El vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, sostuvo que la Cancillería solo está encargada de garantizar derechos procesales y garantías para los connacionales vinculados.

Mientras tanto, nueve implicados permanecen bajo juicio oral y la investigación continúa sobre la participación de más de 4.200 funcionarios públicos chilenos que usaron las licencias falsas.