La Corte Constitucional revocó el fallo del Consejo de Estado que había ordenado la pérdida de investidura de Jefferson Caro Casas, alcalde de Chiquinquirá, y le dio al tribunal un plazo máximo de treinta días para emitir una nueva decisión sobre el caso.
El Consejo de Estado había tomado la decisión el 18 de abril de 2024, con base en una demanda que indicaba que Caro Casas renunció voluntariamente a la curul a la que tenía derecho en el Concejo de Chiquinquirá, conforme al Estatuto de la Oposición, y que esa conducta configuraba una falta grave que justificaba la pérdida de su investidura como alcalde.
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La sentencia, de acuerdo con información de El Tiempo, se fundamentó en que Caro Casas no se posesionó como concejal y no acreditó que actuara con buena fe.
La decisión generó que el alcalde, elegido con 11.497 votos para el periodo 2024-2027, fuera apartado de su cargo.
Sin embargo, la defensa del alcalde, a cargo del exmagistrado Julio César Ortiz, interpuso una tutela para proteger los derechos fundamentales de Caro Casas, alegando que el proceso vulneró su derecho al debido proceso y a sus derechos políticos.
La Sala Plena de la Corte Constitucional encontró que el Consejo de Estado cometió un defecto fáctico al no valorar correctamente la renuncia presentada y la aceptación de esta por parte del Concejo Municipal antes de la instalación del nuevo periodo.
Además, el alto tribunal señaló que el derecho a la curul bajo el Estatuto de la Oposición tiene particularidades que debieron ser analizadas con más profundidad y que no se puede asumir la inhabilidad sin un examen detallado del caso.
Por estas razones, la Corte anuló el fallo original y ordenó que se profiera una nueva decisión en 30 días, lo que significa que Jefferson Caro Casas podrá continuar en la Alcaldía de Chiquinquirá mientras tanto.
Finalmente, la Corte hizo un llamado al Congreso de la República para que regule el ejercicio y la efectividad del derecho a ocupar curules de oposición, a fin de evitar confusiones y garantizar la estabilidad jurídica de estos procesos.
El caso de Krasnov en Tunja: otro foco judicial en Boyacá
Mientras Caro Casas logra mantenerse en el cargo a la espera de una nueva decisión judicial, en la capital del mismo departamento, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, enfrenta dos procesos simultáneos: uno penal y otro electoral.
Por un lado, la Fiscalía General de la Nación lo citó a una audiencia de imputación de cargos, programada para el 28 de julio de 2025, por presunta contratación irregular. El caso involucra al abogado Juan Sebastián Ramírez y a la exgestora social Sara Catalina Pedraza.
La investigación se centra en un contrato de prestación de servicios celebrado en 2024 por Ecovivienda —entidad adscrita a la Alcaldía— con Ramírez, quien días antes había retirado una demanda electoral contra Krasnov y posteriormente fue vinculado como contratista.
Según la Fiscalía, habría irregularidades en la celebración del contrato, y ya se han solicitado documentos como estudios previos, soportes presupuestales y comprobantes de pago. Las audiencias para Ramírez y Pedraza están previstas para el 14 y 17 de julio, respectivamente.
Paralelamente, la elección de Krasnov también está bajo revisión.
El Tribunal Administrativo de Boyacá anuló su elección el 27 de febrero de 2025, al determinar que incurrió en una causal de inhabilidad por haber suscrito un contrato como docente con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) en diciembre de 2022, menos de un año antes de las elecciones.
Aunque el servicio fue virtual, la Procuraduría sostiene que el contrato tuvo efectos en Tunja y que la Uptc es una entidad pública, lo que refuerza la causal de inhabilidad. Además, calificó la conducta como gravísima, a título de dolo.
Así, el departamento de Boyacá concentra dos de los casos más sensibles de mandatarios locales en el país, ambos con impacto directo sobre la estabilidad institucional en sus respectivas ciudades.
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